Plaza Pública/ Corte Penal Internacional
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Entre los saldos negativos de las fricciones entre el Ejecutivo y el Senado en materia de política exterior cuenta de modo relevante el aplazamiento, sin fecha (porque no se incluye su tratamiento en la agenda de un eventual periodo extraordinario de sesiones) de la reforma al artículo 21 constitucional, que haría posible la ratificación legislativa del tratado de Roma, que en julio de 1998 creó la Corte Penal Internacional (CPI).
La iniciativa presidencial ha encontrado resistencias en Xicoténcatl, en la fracción priista y en algunos miembros de Acción Nacional. Aunque por motivos diferentes, coinciden con la posición norteamericana, renuente a someterse a ese tribunal. Desde el 11 de abril la Corte está en posibilidad de constituirse en elemento que mejore la convivencia internacional con respeto a los derechos humanos, pues en esa fecha se generó la condición para su vigencia, al sumar 60 los gobiernos que ratificaron el pacto que le dio origen. Entre ellos no figuran México ni Estados Unidos. El secretario de Estado Colin Powell reiteró las objeciones de su país a ese tratado, al anunciar a la ONU que no ratificará el pacto de Roma. Washington se mostró desde siempre renuente a un tribunal de ese alcance, por considerar que pone en peligro a los miembros de sus Fuerzas Armadas y aun a sus dirigentes políticos, ya que la Corte podrá enjuiciar a responsables de crímenes de guerra, genocidio y atrocidades semejantes. Aunque contó con tiempo suficiente para hacerlo, el presidente Clinton esperó hasta el último día de su mandato, en enero del año pasado, para firmar el tratado de Roma. Pero se abstuvo de enviarlo al Senado para su ratificación. Por su parte, el presidente Bush ha preferido hacer explícito su rechazo y no meramente dejar que el tiempo transcurra sin manifestarse sobre el tema.
La actitud norteamericana es típica del aislacionismo que en ciertas épocas y respecto de ciertos temas constituye la pauta de sus relaciones internacionales. Es contradictorio, o paradójico al menos, que Washington rehúse la configuración de un sistema de justicia internacional que persiguiera al terrorismo precisamente cuando encabeza una cruzada si no eficaz al menos aparatosa contra ese flagelo. Aunque, viéndolo bien, no hay contradicción ni paradoja en ella, sino simple política de poder: Estados Unidos prefiere no atarse a normas explícitas y mecanismos institucionales para practicar la justicia entre las naciones sino ejecutarla conforme a su...
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