PLAZA PÚBLICA / Constitución y derechos humanos
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
El viernes pareció disiparse el riesgo de que presiones del fundamentalismo católico impidieran la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. Reunidos en Veracruz los presidentes de las legislaturas estatales, convocados por el diputado Eduardo Andrade, que encabeza la veracruzana, se estableció el consenso de impulsar el visto bueno de los Congresos locales a esa reforma.
La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad incluyó entre sus reclamos urgentes dicha aprobación, lo que suponía derrotar el cabildeo que en sentido contrario realizaban grupos ultramontanos que, al no poder impedir la magna operación reformadora en el Congreso de la Unión, buscaron estorbar el curso que debe seguirse en los estados hasta conseguir el voto de "la mayoría" de las legislaturas locales. Hasta antes de la reunión del segundo foro de presidentes de las legislaturas de los estados, habían aprobado la reforma los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Continúa ejerciéndose presión sobre las restantes legislaturas, especialmente las correspondientes a entidades gobernadas por Acción Nacional. A diferencia de la campaña que el año pasado reformó las constitucionales locales para consagrar en ellas el derecho a la vida, preámbulo a legislación penal muy restrictiva en materia de reproducción y opciones sexuales, en esta ocasión los legisladores priistas no se han sometido o aliado a los panistas, que llevaron la conducción de aquel proceso, notoriamente impulsado desde un motor central.
El conservadurismo católico se sintió especialmente ofendido porque en el artículo primero de la Constitución, reformado, se garantiza a las personas elegir, entre otros derechos, la preferencia sexual que les plazca. Cuando el texto se aprobó en el Senado, en marzo reciente, un grupo de legisladores panistas fracasó en su intento de suprimir tal derecho. Visitantes a la Cámara que los apoyaban se manifestaron en contra de ese contenido de la reforma, alegando que con ello se alienta el libertinaje sexual y se induce a la práctica del aborto. Se ha pretendido después refinar ese argumento absurdo, alegando que con el conjunto de enmiendas el Estado mexicano pierde soberanía. Aluden a la obligación (que queda explícita en el texto constitucional y está vigente aun cuando no se la hubiera inscrito en la Carta Magna) de respetar los derechos humanos inscritos en los tratados...
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