Plaza Pública / Codicia y corrupción
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Los adelantos de la investigación relativa al asesinato de Enrique Salinas de Gortari muestran factores preocupantes sobre el funcionamiento de las instituciones y los valores prevalecientes en la sociedad. No es el caso de hacer una prédica moralista, pero el que hayan pretendido extorsionar a la víctima del homicidio del 5 de diciembre personas de su entorno personalísimo y miembros de la autoridad, no puede menos que reclamar nuestra atención.
Hace poco circuló en la red un mal chiste, una caricatura sobre los abogados, quizá con motivo de su día, celebrado el 12 de julio. Era un instructivo para descubrir el talante de un profesional del derecho al que se acude en busca de auxilio jurídico. Debe llevarse consigo un gato, y si al entrar al despacho correspondiente el animal sale huyendo, temeroso, es que al abogado de marras es un perro. Y si, al contrario, se adentra con celeridad en la oficina, en busca de una presa, es una rata.
El chiste sería injusto si contuviera una descripción sociológica del desempeño profesional de la abogacía. Pero en sus extremos ridículos, a los que no pertenecen los graduados en derecho que cumplen sus deberes de asistir con su jurispericia a su clientela, cabe el buen número de malos litigantes o asesores que justifican el mal deseo expresado al esperar, con dolo, que entre abogados te veas.
El de Salinas de Gortari había sido contratado para impedir que se consumara una extorsión en su perjuicio y, de creerse a la acusación ya confirmada en principio por un juez, en vez de evitarla se sumó a ella. Asombra la cantidad de dinero requerida con avidez por los agentes de la Federal de Investigación y el abogado Mariano Flores Arciniega a Salinas de Gortari. Casi 3 millones de dólares. Casi la mitad de una suma, 7 millones de dólares, que le había sido congelada en una cuenta suiza y que le fue liberada. Según su convenio de divorcio con Adriana Lagarde, cuando eso ocurriera, cuando pudiera disponer de esa cifra, ella recibiría 2 millones de dólares. Cuando la autoridad helvética liberó esa suma, parece que Salinas de Gortari se abstuvo de asumir su compromiso, y eso lo colocó en frágil situación. Su abogado la conocía y en vez de blindar jurídicamente la posición de su cliente debe haberse hecho el razonamiento de que no estaría mal que del enorme pastel representado por esa suma, una tajada fuera para él y para los miembros de la AFI que en vez de cumplir la ley la infringieron.
Ya no es lícito ni posible...
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