PLAZA PÚBLICA / Civilidad, tensiones, violencias
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Frente al clima de tensiones que data de 2006 y hoy se expresa en las posiciones ante la reforma petrolera; y frente a las violencias, humana y natural, que destruyen vidas en casi todo el País, conforta registrar actos de civilidad que muestran las capacidades institucionales de enfrentar con la combinación de derecho y buena voluntad secuelas de graves crisis.
Uno es la designación del secretario de Seguridad Pública y del Procurador de Justicia del Distrito Federal, que requirió la participación de gobernantes enfrentados entre sí políticamente pero que tienen la obligación de colaborar conforme a la ley. Propuesto el médico y contralmirante Manuel Mondragón y Kalb como sucesor de Joel Ortega en el mando de la policía capitalina (que tal es la sustancia de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública) por el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, el Presidente Felipe Calderón no tuvo empacho en designarlo, conforme a sus atribuciones, como tampoco negó la aprobación al nombramiento del procurador Miguel Ángel Mancera, hecho por Ebrard y sujeto a la conformidad del Ejecutivo federal.
La combinación de atribuciones, remanente del viejo régimen jurídico de la capital de la República, que no ha sido sustituido por un estatuto que reconozca a plenitud las peculiaridades de la capital de la Federación, puede ser un motivo de conflicto, al que por fortuna no se aproximaron siquiera las autoridades involucradas en los nombramientos mencionados. Cuando se reformó la Constitución federal en 1996 para modificar la situación jurídica del Distrito Federal se mantuvieron limitaciones a la gestión de los gobernantes capitalinos, incompatibles con su condición de mandatarios elegidos directamente por el voto popular. Como remanente del tiempo en que el gobierno del Distrito Federal correspondía al presidente de la República, que lo ejercía a través del jefe de un departamento administrativo que él nombraba y removía libremente, en varios aspectos se mantuvo la dependencia capitalina de los poderes federales.
Como reflejo de la inestabilidad política, con frecuencia derivada del uso arbitrario de las Fuerzas Armadas, la Constitución de 1917 determinó que el mando de la policía en las capitales de los estados no dependiera del ayuntamiento sino del Gobierno estatal. Relación semejante, a pesar de que esa institucionalidad constitucional había desaparecido, fue mantenida por la reforma de 1996, renuente a dar plena autoridad al gobierno de la Ciudad de...
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