Plaza Pública / Chantaje a la poblana
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
La legislación penal poblana es peculiar en aspectos de forma y fondo. Su código respectivo se llama todavía código de defensa social, como dieron en ser titulados esos ordenamientos en una época. Es uno de los pocos (como el de Yucatán) que conserva esa denominación. Y es uno de los pocos, también, quizá el único (aunque no llego al extremo de afirmarlo) que tipifica el delito de chantaje como ilícito con definición propia y no como una forma de amenazas.
El artículo 415 del código poblano dice que "comete el delito de chantaje el que con ánimo de conseguir un lucro o provecho amenazare a otro con daños morales, físicos o patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o jurídica con quien éste tuviere relaciones de cualquier orden que lo determinen a protegerlos". Mientras que las amenazas, con cuya definición coincide básicamente este tipo, son sancionadas en el código penal federal hasta con un año de prisión y multa de 360 días, la penalidad poblana es mucho más rigurosa, pues va de 2 a 10 años de prisión y la multa puede llegar hasta a mil días de salario. Además, en el código sustantivo se establece una regla adjetiva, que singulariza el tratamiento judicial del chantaje: "el procedimiento será secreto, sin publicación de ninguna de las constancias de autos, cuando los hechos afecten a juicio del juez el honor, el prestigio o crédito de personas físicas o jurídicas".
No ha de haber muchas acusaciones por chantaje, supongo, y menos aún las habrá que prosperen. Es que, salvo que la amenaza se exprese públicamente, o a través de medios en que quede constancia, la suerte de la denuncia depende de la credibilidad del acusador, y la defensa, de la que tenga el acusado. Es una palabra contra otra. En consecuencia, imagino que sea aplicable la cláusula in dubio pro reo, que beneficia al acusado en caso de duda: si no hay plena comprobación de la amenaza, hay que liberar.
Estas divagaciones obedecen al peculiar caso de Martín Barrios Hernández, desde la semana pasada sujeto a proceso por chantaje y preso en el penal de San Miguel, en Puebla. Habiendo sido agredido bárbaramente dos años atrás sin que la justicia sancionara a su atacante, ahora lo ofende un aparato ministerial y judicial omiso en proteger su integridad y eficaz cuando se trata de privarlo de su libertad y contribuir de ese modo a intimidarlo. Víctima de amenazas cumplidas, tan ciertas que se convirtieron en lesiones, sin que nadie pagara por ello, ahora se le...
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