Plaza Pública/ Camino de Texcoco
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
El camino de Texcoco está empedrado. Y no precisamente, como el del infierno, de buenas intenciones. La decisión gubernamental de establecer el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en tierras de 19 ejidos en dos municipios (todo lo cual se denomina con el nombre de uno de ellos, para efectos prácticos, como se hablaba de Tizayuca en semejantes términos simplificatorios), está siendo impugnada mediante varios procedimientos y con varias intensidades.
La más vistosa de todas, aunque no necesariamente la más sustantiva, es la que algunos ejidatarios de la región afectada, acompañados de más en más por grupos que combinan la solidaridad con el servicio a sus propios intereses, se ha manifestado una y otra vez no sólo en las cabeceras municipales, de Atenco y Texcoco, sino sobre todo en la ciudad de México. Muchos de ellos han blandido los machetes que emplean en sus labores del campo. Y si bien por ello se les debe considerar útiles de trabajo, aperos de labranza o herramientas para cuidar ganado, también se trata de armas. Y el artículo 9o. constitucional es claro al negar a las "reuniones armadas" el "derecho a deliberar". Aun admitiendo que es discutible si la presencia de algunos machetes constituye la hipótesis de la prohibición constitucional, lo cierto es que la presencia de esos instrumentos punzocortantes es un ingrediente peligroso que en una fricción, ni siquiera un enfrentamiento con granaderos, puede desembocar en violencia que añadiría un factor conflictivo más a la defensa de los derechos de los ejidatarios cuyos predios fueron expropiados.
No todos los ejidatarios han escogido ese camino para manifestar su oposición a los decretos expropiatorios. Las autoridades de los ejidos afectados han resuelto acudir al juicio de amparo. Se trata de combatir mediante ese procedimiento ante la justicia federal los 19 decretos de expropiación relativos a la construcción del aeropuerto y a mitigar el impacto ambiental a fin de preservar el equilibrio ecológico. Hasta ahora, nueve núcleos ejidales decidieron ser representados por la Procuraduría Agraria. Otros serán confiados a abogados particulares, entre ellos el doctor Ignacio Burgoa, a quien con obvia exageración algunas notas de prensa llaman "el padre del amparo", bautizo que haría seguramente revolverse en su tumba a Rejón, Otero, Vallarta y muchos otros cuya paternidad sería más nítidamente comprobable. Burgoa no es ni siquiera "el defensor de los ejidatarios de Texcoco"...
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