Plaza Pública / Mayo callejero
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Durante mayo, la política ha vivido en las calles de la ciudad de México. Se expresa allí la protesta social, a menudo de forma incivil; se muestran los acuerdos, se escenifica la provocación. Durante todo ese mes, excepcionalmente tórrido en el Distrito Federal, miembros disidentes del sindicato magisterial recorrieron de arriba a abajo la capital federal. Como en el clásico epigrama, sus habitantes se preguntan: tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, diga amigo, ¿le parece son de alguna utilidad?
La respuesta es negativa. Es probable que a esta hora los maestros que vivieron a la intemperie en el DF durante mayo entero hayan decidido retornar a sus lugares de origen, principalmente Oaxaca, Michoacán y Guerrero, sin obtener nada que no se hubiera acordado antes, o que sea diverso o superior a lo que conseguirán en sus estados. En cambio, dejarán detrás de sí una estela de inconformidad ciudadana contra sus modos de expresión y aun contra sus demandas.
Sin discutir la libertad de manifestación, que es una garantía constitucional, lo que debe ponerse a debate en organizaciones sociales y políticas es el sentido de las marchas callejeras y los bloqueos de la vía pública. Lo mismo tiene que hacer la autoridad, que no sólo no combate los efectos nocivos de esas manifestaciones callejeras sino que los empeora. Para resguardar la seguridad de quienes protestan en las calles, y evitar conflicto abierto y directo con tripulantes y pasajeros de los vehículos en cuyo tránsito se interpone una marcha, la policía clausura las calles. Deja así el camino abierto a la protesta, pero lo cierra a la circulación rodada. En la oposición de intereses, la autoridad capitalina ha solido elegir el de una minoría, y posterga el de la mayoría. Y ya no digamos en los bloqueos, practicados a veces por unas cuantas personas, capaces de dislocar la de suyo complicada normalidad citadina.
Conscientes como son de sus propios derechos, por cuya vigencia luchan, los disidentes magisteriales deberían serlo también de los daños y perjuicios que ocasionan a otros, iguales a ellos, a menudo colocados en una situación social de indefensión mayor que la denunciada por los maestros. Estos cuentan con recursos materiales, con fuerza organizada, con apoyos de diversos géneros. Pero la gente menuda de la capital, quienes tienen que ganarse el pan cotidiano con un esfuerzo igualmente diario, que viven siempre en la mayor precariedad, padecen pérdidas y frustraciones de las que nadie los compensa. Los disidentes disponen de un marco legal y político que les permite aun oponerse a los descuentos por los días no trabajados, semanas enteras en perjuicio de la educación pública que proclaman defender. Pero los choferes y ayudantes, los...
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