Plaza Pública / Otra de bancos
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
En vísperas de una nueva convención nacional bancaria, y poco antes de que se consume la compra del total de acciones de Bancomer por Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (que ni la oposición del gobernador del Banco de México pudo impedir), surge una nueva acusación contra maniobras bancarias que pueden tener como desenlace graves daños y perjuicios para "centenas de miles de familias coahuilenses".
Se trata de una nueva fase en el añejo conflicto entre Altos Hornos de México, SA, y sus acreedores bancarios. Surgida como empresa paraestatal en 1942, para estimular la producción siderúrgica, esta acería tuvo suerte diversa a lo largo de los años, pero no perdió nunca su papel central en la economía del norte de Coahuila, Monclova en particular. En la oleada privatizadora del salinismo, fue adquirida por miembros de las familias Autrey y Ancira, que también adquirieron la Cia. Minera Real del Monte y Pachuca.
La difícil situación del mercado acerero en todo el mundo, y al mismo tiempo la necesidad de modernizar sus instalaciones fueron enfrentadas con endeudamiento sujeto a repetidas reestructuraciones. Como en tiempos antiguos, sin embargo, se ha vuelto a la práctica bancaria de convertir en asuntos penales los surgidos de la insolvencia mercantil, lo cual puede tener justificación en el caso de pillos redomados, pero no cuando se trata de empresas establecidas cuyos propietarios y consejeros han manifestado, de palabra y de obra, su voluntad de cubrir sus adeudos. Peor es la situación cuando a esa práctica se agrega el fisco, que trata como delitos infracciones administrativas.
En su fase actual, las dificultades de los administradores de AHMSA han sido adoptadas como suyas por la comunidad de trabajo en Monclova, que protesta por las "órdenes de detención contra consejeros y ex consejeros de Altos Hornos de México y sus subsidiarias, por supuestos delitos fiscales ante los cuales el ministerio público federal había dictado en su momento no ejercicio de acción penal". Los trabajadores de esas empresas, firmantes de un singular comunicado en defensa de sus empleadores, entienden esa acción judicial "como una presión de funcionarios federales en favor de Citibank-Banamex, BBVA-Bancomer e intereses industriales, que solapadamente y con objetivos nunca manifestados mantienen una campaña de desprestigio hacia Altos Hornos y subsidiarias y de persecución contra sus consejeros algunos de los cuales, incluso, dejaron sus cargos años antes de los...
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