Plaza Pública / Agua, desafuero, educación
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Armadas con escopetas y fusiles de madera, carentes de parque, señoras de Villa de Allende, Estado de México, constituyeron un breve ejército de mujeres zapatistas en defensa del agua, y acampan ante una planta potabilizadora de ese líquido, que forma parte del sistema Cutzamala, que provee el 30 por ciento del agua que necesita el Distrito Federal. Hace una semana, maridos, padres e hijos de esas mujeres retuvieron a las puertas de esa planta un camión cisterna con un fuerte cargamento de cloro, necesario para el tratamiento del agua enviada a la Ciudad de México.
Mujeres y hombres de Villa de Allende padecieron en septiembre pasado la inundación de sus tierras por el desbordamiento de la presa de Villa Victoria. Atribuyeron la causa del daño a la deficiente operación de la Comisión Nacional del Agua. Argumentan que la extensión dañada es de 300 hectáreas, y demandan una indemnización de hasta 2 millones de pesos. Transcurrió ya un año sin que haya acuerdo sobre la magnitud de la pérdida y sobre la reparación del daño, que la CNA ha querido saldar con un apoyo (no acepta hablar de indemnización, por el precedente que se establecería) de 600 mil pesos, inaceptable para los campesinos de Villa de Allende.
Como suele suceder, la desatención a sus problemas ha generado una escalada. Reclaman ahora un programa de desarrollo sustentable. Y han pasado de las movilizaciones a la acción directa, como la retención del cloro hace una semana. El campamento frente a la planta denominada Berros quizá anuncia problemas mayores, que podrían redundar en disminución y aun suspensión del suministro de agua, desde esa planta hasta el Distrito Federal.
En una clara muestra de colonialismo interno, hace décadas se decidió que la capital federal sustrajera agua de los Estados vecinos (principalmente México, pero también Hidalgo) porque se abatió su capacidad de suministro propio. Se constituyó así, primero, el sistema Lerma y después el de Cutzamala, que proveen al Distrito Federal casi la mitad de sus necesidades acuíferas. La retención de aguas pluviales y la explotación de los mantos mexiquenses provocan alteraciones en las comarcas, que no son compensadas por la autoridad federal, constitucionalmente responsable del agua, ni por el Gobierno capitalino, que se rige en esta materia todavía por acuerdos y disposiciones de la época en que era un departamento administrativo del Gobierno de la República.
Tal situación, que daña y perjudica a los habitantes de las regiones de extracción de agua, y las crecientes necesidades financieras del Gobierno de Toluca, manirroto como hay pocos, lo condujeron a buscar por diversas vías pagos compensatorios por el suministro de agua. El año pasado inició una controversia constitucional para que el Gobierno capitalino le cubra casi 14 mil...
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