Plaza Pública/ Aborto y veto
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
La breve, pero intensa batalla política y de opinión pública en torno del aborto se resolvió en medida favorable para los principios e intereses de quienes privilegian la libertad y el respeto a las mujeres, a su vida misma, cuando su valor entra en conflicto con el de la presumible o real vida en ciernes o en gestación. Son ahora cinco las excusas absolutorias en el Código Penal del Distrito Federal, donde había tres (y una de ellas queda ampliada). Y en Guanajuato permanece la aplicable a la mujer violada que interrumpe voluntariamente la gestación, tal como ha estado en vigor desde hace casi un cuarto de siglo. O sea que la reforma que asesta una nueva pena, carcelaria, a la mujer ultrajada física y moralmente, quedó trunca por el veto que en buena hora ejerció el Gobernador Ramón Martín Huerta.
El tema en sí mismo, y su abordamiento en esta hora es poliédrico, y sólo considerando las diversas caras es posible pensarlo con sensatez y utilidad. Las medidas legislativas que en la Ciudad de México y en Guanajuato suscitaron un debate son parte de una realidad política clara. Se trata de entidades gobernadas por partidos diferentes, que sustentan credos encontrados en ciertos temas (aunque los identifican sus largos esfuerzos por ampliar los cauces de la democracia). La concepción misma del aborto, como asunto de moral o de salud pública, separa las opiniones del PAN y el PRD. Y la coyuntura también los aleja: acaba de ganar la elección presidencial un panista que más de una vez en el pasado se manifestó contrario a la ampliación de las definiciones legales en torno al aborto, pero que ahora no aborda el tema como propio, y se deslinda de lo que proyectan y concretan los Diputados panistas de Guanajuato. Por otro lado, el PRD conservó el Gobierno capitalino, entre otros factores por el empuje de Rosario Robles, evidenciado antes y después de las elecciones. Dado que la Alianza por el Cambio, es decir, Acción Nacional y ya no el perredismo, ejercerá el control de la Asamblea Legislativa, la Jefa de Gobierno se anticipó a una eventual extensión del síntoma guanajuatense, es decir, a que se buscara implantar en la capital federal reformas como la fallida en Guanajuato. Y al proponer reformas que por sí mismas son plausibles, planteó al mismo tiempo que un tratamiento novedoso y humanitario a un grave problema de salud pública, un desafío al partido con que el suyo compartirá el Gobierno, y que es mayoría en el virtual Congreso capitalino.
En...
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