Persiste en la PGR uso de testigos protegidos
MÉXICO, D.F., abril 3 (EL UNIVERSAL).- A pesar de las críticas al uso de los testigos protegidos por los abusos que se cometieron en el sexenio anterior, y aunque se anunció que se utilizarían en casos de excepción, en esta administración la Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido cada vez más a esta figura para fortalecer sus investigaciones de delincuencia organizada: en el lapso de dos años suman 126 colaboradores.
Aunque el ex procurador Jesús Murillo Karam criticó su uso, por los excesos y anomalías que se cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón, ante la inducción para que declararan y porque fueron un vehículo para la fabricación de pruebas en casos clave como la Operación Limpieza, son una figura jurídica cada vez más frecuente a la que recurre el Ministerio Público de la Federación.
Mientras que en el sexenio anterior la PGR recurrió a 366 testigos protegidos, entre enero de 2013 y enero del presente año suman 126 los colaboradores cuyas declaraciones se integraron a averiguaciones previas.
Un informe de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR detalla que en 2013 la PGR se apoyó en 44 personas para declarar bajo confidencialidad, mientras que en 2014 se acogieron a este programa 41 personas, en tanto que sólo en enero de este año la dependencia utilizó a 41 testigos protegidos más.
En este programa y ante los servicios prestados por estas 126 personas se destinaron 38 millones 644 mil 677 mil pesos, 38% del total que se invirtió en la administración pasada cuando se erogaron 101 millones 332 mil 994 pesos.
Algunos casos
Durante esta gestión la PGR ha utilizado a los testigos protegidos en juicios contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa; Elba Esther Gordillo, quien fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, presuntos autores intelectuales de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
La figura del testigo protegido es criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que esta figura se utiliza recurrentemente ante la falta de elementos por parte del Ministerio Público para presentar cargos con otras evidencias sólidas.
En mayo del año pasado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, dijo que montajes...
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