Un periodo difícil
| Autor | Lorenzo Córdova Vianello |
El pasado 10 de octubre, el Consejo General del IFE conoció por segunda ocasión la investigación realizada por la Comisión de Fiscalización de dicho Instituto relativa a la denuncia presentada por el PRI en contra de los partidos que integraron la coalición Alianza por el Cambio en el proceso electoral del año 2000.
A diferencia de la primera vez, en la que desechó el caso ante la carencia de los instrumentos necesarios para realizar con profundidad las pesquisas, ahora, dotado de esos instrumentos y luego de una exhaustiva investigación, el Instituto Federal Electoral determinó la comisión de diversas irregularidades atribuibles al Partido Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista de México.
Una vez que el Consejo General del Instituto Federal Electoral ha resuelto sobre lo que la opinión pública conoció como el caso Amigos de Fox, vale la pena hacer un análisis retrospectivo que ilustre el largo y complejo periplo que atravesó su desahogo. La mejor manera de hacerlo es a través de una cronología que revise los momentos críticos de la investigación.
En todo caso, esa investigación tuvo que sortear numerosos obstáculos para llegar a buen término. En buena medida, los instrumentos mismos de la fiscalización se fueron construyendo durante el desahogo de esta queja. Además tuvieron que enfrentarse complicaciones inéditas de las que el Instituto Federal Electoral salió bien librado.
Lo más destacado del caso es lo siguiente:
23 Junio 2000
El PRI presentó ante el IFE una queja en contra de la Alianza por el Cambio, en la que denunciaba la existencia de una presunta red de financiamiento ilícito de la campaña de Vicente Fox Quesada.
14 Julio 2000
La Comisión de Fiscalización del IFE inició formalmente la investigación de la queja. Durante los 12 meses siguientes, hasta julio del 2001, dicha comisión llevó a cabo numerosas pesquisas para allegarse de información.
El IFE recibió la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para entregar la información bancaria y fiscal que se les había solicitado en los meses de diciembre del 2000 y enero y julio del 2001. En todos los casos el argumento esgrimido fue que estaba protegida por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
9 Agosto 2001
Ante la imposibilidad de allegarse información del sistema financiero nacional, indispensable para poder resolver la queja, y ante la insuficiencia de los elementos probatorios que constaban...
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