Pablo Enrique Reyes Reyes / El asedio
| Autor | Pablo Enrique Reyes Reyes |
Para Norma Lucía Piña,
Angélica Sánchez, Eduardo
Alberto Osorio, Juan Pablo
Gómez Fierro y Martín Santos.
El artículo 128 de la Constitución ordena que "todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen". Esta obligación se traduce en respetar los derechos humanos y preservar las competencias de los órganos del Estado Mexicano.
Es normal que existan errores en la creación o en la aplicación de las normas. Incluso, es esperado que existan abusos, pues, bien se sabe, que el poder tiende a desviarse, a corromperse. Los errores en que incurren las autoridades administrativas pueden contenerse, corregirse y repararse a través de los procesos de control y revisión que la ley contempla. La garantía jurisdiccional de la Constitución, es decir, la posibilidad de que a través de un medio de defensa que resuelve un tribunal imparcial se puedan reparar los errores o excesos de la administración y de la legislación, es un derecho humano del que goza toda la ciudadanía en nuestro país (y en otras latitudes).
La judicatura tiene como esencia defender a la ciudadanía del abuso del poder, ya político, ya económico, ya social. De ahí que el jurista Luigi Ferrajoli conciba a los derechos humanos como la ley del más débil. Además, las democracias consolidadas encomiendan su protección a las cortes y tribunales. Así, pues, resulta natural que existan tensiones entre el poder político (presidente, congreso) y el poder judicial, teniendo este las garantías de independencia, inamovilidad y autonomía para actuar sin temor a represalias (revisar los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Naciones Unidas, resoluciones 40/32 y 40/146 de 1985).
Desde el inicio del sexenio se reclama desde Palacio Nacional que, jamás, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni los jueces han limitado tanto al presidente como ahora; pero, por otro lado, es evidente que jamás el Ejecutivo ha cometido tantos errores y tantos abusos como lo hace hoy.
Culpar a la judicatura de los errores de la administración o de la legislación abre la puerta a la autocracia; ignorar las sentencias propicia la barbarie, la ley del más fuerte. Pensar que con detenciones ilegales, cateos fabricados, pruebas sembradas, hostigamiento a las personas juzgadoras o fiscales independientes se van a...
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