PLAZA PÃBLICA / Dinero público: de quién y para quién
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Cada tres años se produce una incongruencia procesal en la tramitación del paquete fiscal procedente del Ejecutivo. La Presidencia está obligada a presentar sus criterios generales de política económica y los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos el 8 de septiembre, lo que sólo se cumplió en la forma, pues el secretario Agustín Carstens acudió a San Lázaro avanzada la tarde, ya concluida la sesión plenaria correspondiente. Sólo llevó consigo un ejemplar de esa documentación, por lo que en rigor sólo hasta el día siguiente los diputados pudieron enterarse de su contenido. Eso no importa porque no hay comisiones que estudien las propuestas del Ejecutivo. En eso consiste la contradicción: al iniciarse la legislatura, sus miembros disponen de todo septiembre para integrar tales grupos de trabajo, de donde surgirán los dictámenes correspondientes. Eso permite y obliga a una etapa previa al debate formal, que es la discusión política entre las fracciones parlamentarias y dentro de ellas. Ése es el estado actual de la cuestión.
Al mismo tiempo, se desarrolla un debate paralelo, en los medios de comunicación y en los órganos de representación del sector privado de los negocios. En este tramo y en este campo la discusión padece el defecto de la información insuficiente o parcial, que sin embargo propicia opiniones que los legisladores deberán tener presentes cuando inicien el estudio formal de los proyectos presidenciales.
Esta vez, las materias propias de la política fiscal se han mezclado con decisiones presidenciales que centralmente o de refilón conciernen también al Poder Legislativo. Se trata, específicamente, del relevo de tres miembros del gabinete del Ejecutivo. Si bien sólo uno de ellos atañe formalmente al Senado -la designación del procurador general de la República-, el nombramiento del secretario de Agricultura y del director de Pemex ha matizado o contaminado, según se le quiera ver, la fase inicial del debate sobre política económica, porque las posiciones de los grupos parlamentarios en esos casos se mezclan con la discusión económica y hasta pueden dar lugar a canjes entre fracciones.
La cuestión central de la política hacendaria consiste en definir el origen y el destino del dinero público, es decir de quién se obtienen tales recursos y en qué se gastan. El elemento innovador de la propuesta presidencial pretende resolver sensata y justicieramente esa cuestión: la Contribución para el Combate de la Pobreza (CCP)...
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