PLAZA PÃBLICA / Acoso y abuso judicial
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Entre noviembre de 2004 y agosto de 2008, la revista (por entonces mensual, actualmente semanal) Contralínea publicó el resultado de varias investigaciones realizadas por su reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, acerca de contratos entre Pemex y diversas firmas, afectadas por varias irregularidades. Un cliente principalísimo de la empresa petrolera nacional, el Grupo Zaragoza, expuesto en esas mismas páginas por privilegios abusivos de que es beneficiario, amenazó a la revista mencionada, a su director Miguel Badillo y a la reportera Pérez Mendoza con iniciar en su contra tantas demandas civiles por daño moral como filiales de ese grupo gasero operan en la República y que llegan a 80. El amago está siendo cumplido: mediante el acoso judicial, es decir el inicio de multitud de juicios civiles (algunos con ribetes penales) que implican gastos que pueden llegar a ser descomunales, el riesgo de sanciones de mayor dimensión todavía y la dedicación de la energía profesional a la defensa propia en perjuicio de la vocación informativa.
Entre otros procesos, el Grupo Zeta de la familia Zaragoza instauró uno en la Ciudad de México, tres en Guadalajara y uno más en Mazatlán. Ante semejante acoso judicial, los periodistas de Contralínea acudieron en queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 12 de septiembre de 2008. Un año después, la oficina del ombudsman emitió la recomendación 57/2009, dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de justicia del estado de Jalisco, y al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que apenas llegado a su cargo deberá responder (como el mencionado funcionario judicial) en un plazo de 15 días hábiles por actos atribuibles a su predecesor o a su gerente de comunicación social.
Al pupilo de Francisco Gil Díaz se le recomienda que la empresa bajo su dirección establezca "procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos". La causa de esta recomendación es que la empresa petrolera nacional aplica la arbitraria cláusula de "no pagar para que me peguen", que confunde la venta de publicidad con la de criterio informativo y editorial, que son bienes de naturaleza diversa y deben estar regidos por normas de distinta índole. Del tema, que concierne a uno de los mecanismos del sistema autoritario priista que se...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba