PLAZA PÃBLICA / Góber precioso y voraz
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Miembros del cuerpo de seguridad propia del góber precioso, así como unos 40 agentes policiacos con armas largas y chalecos antibalas, a bordo de 15 patrullas, expulsaron el viernes pasado (a partir de una orden expedida en horas inhábiles por una jueza que no la firmó) a cuatro miembros del patronato y ocho empleados del Parque del Arte, en la ciudad de Puebla, que desde anteayer quedó en manos del gobierno estatal. Al recibir la administración del espacio verde de 12 hectáreas y media, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado deslizó críticas contra Puebla Verde, la asociación civil que administró ese Parque en los cuatro años recientes (y debía hacerlo hasta 2010), con lo que enseñó la oreja: se trataba de un acto de represalia de Mario Marín contra la presidenta del patronato, por el delito de haber hecho público (pero no impedirlo, infortunadamente) un grueso negocio inmobiliario buscado por la administración estatal.
Hay dos historias detrás de la operación policiaca armada contra gente inerme. Una es la de Puebla Verde, asociación fundada en 1987 por Verónica Mastretta Guzmán, con el propósito de hacer ambientalismo práctico, es decir emprender y apoyar iniciativas que directamente preserven la calidad de vida e impidan el deterioro del medio ambiente. Así, por ejemplo, sus miembros protegieron la laguna de San Baltasar y mejoraron el parque Revolución Mexicana en la capital del estado. En 2004 recibieron la custodia del Parque del Arte, último reducto de un Parque metropolitano de 100 hectáreas que debía contener el crecimiento de la Angelópolis hacia Andrés Cholula.
La otra historia es la de ese pretendido propósito de regularización urbana, que se ha resuelto en gordos negocios de tierras. A instancias del gobernador Mariano Piña Olaya, el gobierno de Carlos Salinas expropió en 1992 un millar de hectáreas y creó para gestionarlas el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl. La comarca abandonaba su vocación agrícola ante el empuje urbano y ejidatarios y comuneros habían vendido de modo irregular tierras a precio ínfimo, no mayor que el monto de sus indemnizaciones tras la expropiación, ocho pesos el metro. Desde el principio riñeron los dos propósitos de la acción gubernamental: reordenar la expansión urbana y mantener amplias áreas verdes para el equilibrio ambiental. Sobra decir que en esa disputa salió perdidoso el segundo objetivo: hoy quedan sólo 60 hectáreas a salvo de...
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