Ordenan capturar a 5 del 'moreirazo'
| Autor | Henia Prado |
Cinco ex funcionarios de Coahuila involucrados en la megadeuda del estado, adquirida durante el Gobierno del priista Humberto Moreira, son prófugos de la justicia federal y se les busca en el extranjero, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).
El año pasado cuatro de ellos fueron detenidos por la Fiscalía General de esa entidad y procesados penalmente; sin embargo, lograron su libertad a través de amparos o el pago de fianza.
Los ahora prófugos son Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo; Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas, y Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador de Políticas Públicas, todos ellos adscritos al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC).
Así como dos ex funcionarios del Gobierno coahuilense: Miguel Ramón Rodríguez Flores, ex titular de la Tesorería General, y Juan Manuel Froto García, ex director general del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa.
El desfalco al gobierno estatal alcanza más de 33 mil millones de pesos; no obstante, la PGR sólo los vincula -en grado de tentativa- con una averiguación previa relacionada con un crédito de mil millones de pesos.
La consignación del expediente fue realizada por el Ministerio Público el pasado 2 de febrero, y al día siguiente el Juez 16 de Procesos Penales Federales ordenó la aprehensión de los ex funcionarios.
"Estas cinco personas desde el momento del libramiento de orden de la aprehensión, son buscados por elementos de policía y se encuentran en calidad de prófugos de la justicia mexicana, y en contra de quienes se ha emitido la correspondiente alerta migratoria y ficha roja.
"Se tiene conocimiento que algunas de estas personas abandonaron el país, por lo que se han entablado colaboraciones con otros gobiernos extranjeros para buscarlos y lograr su pronta detención.
"Son presuntos responsables de realizar acciones para obtener el crédito de mil millones de pesos al presentar en el banco del Bajío documentación falsa", dio a conocer Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales.
El funcionario detalló que las conductas son penadas por el delito previsto en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es grave, por lo cual no obtendrán libertad bajo fianza.
"Es por la hipótesis relativa a 'las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos...
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