Opinión Invitada / Respecto al estado de derecho
| Autor | Opinión Invitada |
Leonardo Valdés Zurita
Ante las sanciones que el Instituto Federal Electoral impuso al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, en acatamiento a sendas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y derivadas de conductas que presumiblemente infringieron los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, algunas voces han caracterizado al IFE como una autoridad contraria a la libertad de expresión.
Frente a esas opiniones, con todo respeto, resulta importante destacar que la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyó la respuesta puntual a una exigencia de la sociedad mexicana planteada en el pasado proceso electoral federal.
Luego de esos polémicos comicios, diferentes actores políticos y sociales manifestaron su inconformidad por las condiciones en que se desarrollaron las campañas electorales en los medios de comunicación electrónicos.
Con la reforma constitucional y legal en materia electoral, el legislador atendió esta problemática y estableció que en la propaganda que difunden los partidos políticos se deben abstener de emitir expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
El Consejo General del IFE, por mayoría, consideró que los mensajes de los partidos antes señalados contenían expresiones de ese carácter. No pretendo, ni remotamente, litigar esos asuntos en estas líneas. Lo que intento es proponer una perspectiva de análisis que ayude a elevar la mirada.
Una vez que el País ha resuelto la transmisión pacífica del poder público, nuestra democracia ingresa a una etapa de consolidación que requiere necesariamente un compromiso ético de los actores políticos y de la ciudadanía. Para lograr este propósito, resulta indispensable reconocer el principio de legalidad, así como el espíritu y alcance de nuestro orden normativo en materia político-electoral.
La dimensión ética de la democracia supone avanzar hacia la vigencia y consolidación de un auténtico estado de derecho. En ese contexto, el compromiso ético que tiene como desafío la sociedad mexicana de nuestro tiempo se vincula necesariamente con aquellos procesos que permitan profundizar e interiorizar la democracia, a través del ejercicio progresivo de las libertades, de la igualdad jurídica y de la equidad...
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