Opinión Invitada / Procesar la derrota
| Autor | Opinión Invitada |
Luis Carlos Ugalde
Procesar la derrota es el mayor reto de la democracia electoral en México. Aunque se logró en 2000, es previsible que un triunfo limpio del entonces candidato del PRI, Francisco Labastida, habría sido desconocido por el entonces candidato del PAN Vicente Fox, quien días antes y aun durante la mañana de la jornada electoral, deslizaba la acusación de un fraude que nunca ocurrió. Si en 2006 hubiese ganado Andrés Manuel López Obrador por la misma distancia que perdió, es probable que el grito de fraude hubiera sido en cambio un festejo a favor de la democracia. En 2012 un posible triunfo del candidato del PRI ya se interpreta por un segmento de electores como "ilegítimo" y aun fruto del fraude.
El conteo de votos y la difusión de resultados del IFE son a prueba de fraude. No es mérito de nadie sino de un sistema redundante (incluso barroco) que impide una acción concertada para alterar los resultados. Eso no significa que durante la jornada y aun antes ocurran fenómenos que demeritan la calidad de la democracia: la añeja práctica de comprar votos y movilizar electores; los gastos de campaña no reportados; la cobertura informativa y las entrevistas pagadas en prensa, radio y TV, sobre todo en el ámbito local. Sin embargo, los partidos no quisieron atacar esos problemas reales en la reforma electoral de 2007 y hoy se tiene un marco legal insuficiente para mitigar esos fenómenos.
Sin embargo, a pesar de las deficiencias de la regulación electoral, el principio de legalidad obliga a su complimiento aunque sean normas incompletas y aun ineficaces, porque derivan de un proceso de reforma constitucional y legal votado por todos los partidos en 2007. No solo lo aprobaron sino lo festejaron como un parteaguas para garantizar la equidad en las campañas. No se vale entrar a una contienda con reglas conocidas y desconocer el resultado que surge de ellas, como ocurrió en 2006.
El 13 de junio de aquel año, por ejemplo, los presidentes de los partidos políticos firmaron en el IFE el Acuerdo Democrático por la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad. Su propósito era comprometer a los candidatos a respetar el resultado de la elección. Al estampar su firma, los partidos reconocían que, a pesar de las quejas por las campañas negativas, por la imprudencia verbal del presidente Fox y otras acusaciones que se habían hecho, el proceso electoral contaba con la transparencia y la equidad para ser aceptado por todos. Tres semanas después el...
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