Opinión Invitada / Irma Alma Ochoa Treviño: Las caras del abuso
| Autor | Opinión Invitada |
De por sí es atroz que una persona sea víctima de delito sexual, con mayor razón que el 57 por ciento se cometa en personas menores de edad, y el 23 por ciento en niñas que no han cumplido siquiera los 10 años.
Es alarmante que en vez de contar con protección contra los abusos, se les despoja abruptamente de su derecho a vivir libres de violencias.
De enero del 2017 a abril del 2020, la Fiscalía General de Justicia estatal registró 7 mil 982 delitos sexuales: 3 mil 717 de abuso sexual, aún tipificado en el Código Penal como atentados al pudor; 140 de hostigamiento sexual, 659 de acoso sexual, 2 mil 443 de violación sexual y mil 023 de violación equiparada.
Lo anterior evidencia un grave problema, aunque no abarca el total de las violaciones a derechos que se perpetran día con día.
Falta agregar 488 casos del anacrónico estupro -delito que se comete en personas de 13 a 18 años- y 555 de corrupción de menores de edad o personas privadas de la voluntad, registrados en el mismo periodo que menciona la plataforma "¿Cómo Vamos, Nuevo León?", según la nota publicada el sábado en EL NORTE.
También falta la cifra negra de los delitos no denunciados, en razón a la edad de la víctima, la consabida naturalización de la violencia de género, por vergüenza, amenazas o intimidación, porque se achacó la culpa a la víctima, por miedo a que se recrudezcan las agresiones, por el qué dirán, o porque el delito no ha sido detectado por quienes tienen a su cuidado a niñas y adolescentes.
Aunque nos resistamos a reconocerlo, algunas violaciones a los derechos de infancia se cometen en los espacios donde transcurre la vida y, en su mayoría, los agresores son personas adultas en quienes las niñas confían.
El hogar, espacio ideal para la protección y desarrollo de sus integrantes, es también el lugar donde agresor y víctima conviven bajo el mismo techo y -en ocasiones- llevan en sus venas la misma sangre.
La responsabilidad de las agresiones en las instituciones escolares, culturales, deportivas o religiosas recae en algún prestador de servicios o en un ministro de culto, en quienes la víctima y familiares depositaron su confianza. En tanto que las agresiones en la comunidad, suelen ser ejecutadas por un extraño o un perfecto desconocido de la víctima.
Los delitos sexuales acarrean consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Entre las secuelas físicas que dejan estas agresiones, pueden contarse los embarazos forzados, las afectaciones a la salud, vulnerabilidad...
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