Opinión Invitada / Andrés Lankenau M.: Transporte público indiferente

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El miércoles pasado se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Esta fecha establecida por Naciones Unidas en 1992 busca sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de seguir construyendo igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

A la fecha, a pesar de que México es parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sus empresarios transportistas y autoridades competentes no han hecho los ajustes necesarios para ofrecer un transporte para todos, pese a estar obligados a ello.

Datos del Banco Mundial y del INEGI indican que en el mundo hay más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad. Más de 80 mil están en Nuevo León.

México adoptó la Convención en el 2006 en la Asamblea General de la ONU. Con esto, se comprometió a "adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso a personas con discapacidad en igualdad de condiciones", al transporte público en zonas urbanas o rurales.

De igual forma, a través de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad se establece que la SCT deberá promover y garantizar el derecho de las personas con discapacidad al acceso al transporte. Es decir, "accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público".

En Nuevo León contamos con una Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que las autoridades competentes deben promover que en las licitaciones de concesiones del servicio de transporte público se incluyan especificaciones técnicas para la accesibilidad.

Para reforzar esto, el Reglamento de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado obliga a los concesionarios a cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con accesibilidad universal para las personas con discapacidad.

Se escucha todo muy completo, ¿no? País miembro de una convención internacional, ley federal, ley estatal, reglamento... Lamentablemente se ha quedado en una estructura que no se cumple y en leyes que se ignoran porque es mayor el interés económico de algunos empresarios y funcionarios que cumplir con esta obligación legal y moral.

¿Qué pasa? ¿Por qué ignorar esto? ¿Es...

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