Opinión Invitada / Ahora es cuando
| Autor | Opinión Invitada |
Eugenio Garza de la Puente
En los últimos meses, y gracias a acciones como las de las ciudadanas Dinorah Cantú y Sara Luz Sánchez, quienes se ampararon contra la separación definitiva de Ivonne Álvarez de la Alcaldía de Guadalupe, ha empezado una discusión abierta alrededor de la legalidad y la moralidad del "chapulineo".
Al revisar el marco jurídico que contiene a este tema, se encuentra que efectivamente es inconstitucional que un Alcalde solicite licencia para buscar otro cargo, como también son los casos de Benito Caballero y Fernando Larrazabal; sin embargo, es totalmente legítimo si se renuncia a la Alcaldía.
El Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que los puestos electorales pueden ser obligatorios, según marcan las leyes respectivas al mismo. Al revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de Nuevo León, se encuentra que los cargos de Presidente Municipal, síndicos y regidores son obligatorios y sólo pueden ser renunciables por razones que justifique el propio Cabildo -el Ayuntamiento no cuenta con la facultad de conceder licencias.
No obstante, a pesar de su legalidad y del derecho que fervientemente defiende Ivonne Álvarez de buscar puestos de elección popular, es importante que se considere el aspecto ético y moral. Hace tres años, Álvarez y Larrazabal se comprometieron ante la ciudadanía (a través de las cámaras de Grupo REFORMA) a ocupar la Alcaldía hasta el último día de su mandato constitucional. Es decir, cumplir con el trienio.
Ahora, a escasos seis meses de que concluya su mandato municipal, ambos desecharon e ignoraron el compromiso hecho con la ciudadanía que los eligió y buscan un puesto en las Cámaras legislativas. Argumentaron defender sus derechos y su compromiso con los partidos a los que pertenecen para lograr esquivar su promesa hecha a la ciudadanía y seguir su interés personal y partidista.
Esto demuestra que el problema de fondo no se encuentra en la falta de compromiso de los funcionarios, sino en un sistema político que fortalece los intereses partidistas y no los ciudadanos.
Apenas el miércoles pasado, Larrazabal declaró que si su partido lo convoca a otro cargo de elección popular dejará su controvertida Diputación (esto es, en caso de ganar la elección) para ir en pos de él. Pero, ¿que pasará si sus representados que votaron por él lo convocan a quedarse?
Seguramente hará oídos sordos, como ahora, y responderá únicamente al partido...
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