Operan casinos con Ley de 1947
| Autor | Antonio Baranda y Ángel Charles |
MÉXICO.- Aunque, después de la tragedia en el Casino Royale en agosto del año pasado, la Secretaría de Gobernación reconoció que el marco jurídico de juegos y sorteos es anacrónico e insuficiente, no hubo quién lo renovara, por lo que la industria se sigue regulando con una Ley que data de 1947, de tiempos de Miguel Alemán.
Tras el ataque al Royale, en el que murieron 52 inocentes en un incendio provocado, funcionarios, legisladores e incluso permisionarios de casas de juego se pronunciaron por reformar tanto la Ley Federal de Juegos y Sorteos como su Reglamento, publicado en el 2004.
"(El) marco jurídico (de Juegos y Sorteos) es anacrónico e insuficiente y su reglamentación es deficiente, así como su estructura débil en el área reguladora", señala un diagnóstico oficial de la Segob presentado en septiembre del 2011 por el ahora ex Subsecretario Juan Marcos Gutiérrez.
No obstante, la posibilidad de contar con una nueva legislación sigue en el aire, a pesar que desde mayo del año pasado, como parte de las "acciones correctivas" de la dependencia en esta materia, Gobernación integró un grupo de trabajo para preparar un proyecto de reformas.
Fuentes de la dependencia federal explicaron que uno de los aspectos que contemplaría la "actualización" es tomar en cuenta la opinión de la comunidad para autorizar eventuales permisos de apertura de nuevos centros de apuesta.
En 2010, Gobernación también promovió la creación de la Comisión Nacional de Juegos y Sorteos para mejorar la supervisión de los permisionarios, evitar la operación de establecimientos vinculados con el crimen organizado y proteger a los usuarios "vulnerables".
La Comisión tendría autonomía técnica y operativa, y sustituiría a la actual Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos.
El Ejecutivo, sin embargo, sigue sin presentar la iniciativa al Congreso donde, además, se mantienen en la congeladora al menos una decena de reformas para mejorar la regulación de las casas de apuesta, imponer sanciones más severas y detectar recursos del crimen organizado.
Al hacer una revisión de estas propuestas, en la mayoría se advierte que las bajas penalidades por instalar casinos sin permiso se traduce en la proliferación de centros ilegales.
La Ley actual impone de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 500 a 10 mil pesos a los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casas o locales en los que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de Gobernación.
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