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ONU pide no considerar una amenaza a protestas

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Suzzete Alcántara

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU recomendó al Senado, en el marco de la construcción de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, que las manifestaciones y protestas sociales no sean consideradas "una amenaza al orden público", esto en cuanto a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

Por lo que los cuerpos policiacos deben actuar como "facilitadores" y no como elementos de "contención o confrontación" con los manifestantes, además de atender los estándares internacionales y no obstaculizar el acompañamiento de periodistas y defensores de derechos humanos.

"Debe considerarse que la mera dispersión de una manifestación (...), no justifica el uso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad. La fuerza letal está prohibida y las armas de fuego deben ser excluidas. El uso de armas menos letales es desaconsejado, pues su uso a menudo es indiscriminado, como es el caso de gases lacrimógenos, proyectiles de goma, plástico y caucho", señala el texto.

Otra recomendación es que se "prohíba de manera absoluta" el uso de la fuerza con dolor o sufrimiento intencional, que la ley en la materia contemple la perspectiva de género, que los principios de transparencia y rendición de cuentas sean rectores, y que se asegure la investigación de "violaciones a derechos humanos", además de regular las responsabilidades directas y omisión, de los mandos y acciones de subordinados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que dicha ley tiene que incluir como sujetos obligados a todos los agentes que el Estado utilice para ejercer la fuerza en sus funciones de seguridad pública, de procuración de justicia, autoridades penitenciarias y migratorias, además de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

"La definición del uso de la fuerza en la ley debe ser lo suficientemente comprensiva para regular todos los aspectos en que se utilice la misma por parte de agentes estatales", menciona la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Estas recomendaciones son parte del acuerdo que hizo el gobierno federal con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a México en abril pasado.

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