Omite Yucatán la ley indígena
| Autor | Martín Morita |
MÉRIDA / Yucatán
Estado con mayor población de origen indígena de todo el país, Yucatán tiene la paradoja de no contar con una legislación que reconozca los derechos de ese amplio sector de sus habitantes.
El 52 por ciento de la población, es decir más 700 mil personas, son indígenas, cuya mayoría vive en condiciones de pobreza extrema.
Y, por si fuera poco, la polémica Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, promulgada en abril del 2001 por el Congreso de la Unión y que fue turnada a los Congresos estatales para su análisis y votación, aquí pasó desapercibida, sin ser tomada en cuenta por los diputados locales, partidos políticos y el Ejecutivo local.
"Yucatán es un ejemplo de vergüenza, indolencia e insensibilidad política de sus autoridades y legisladores hacia los indígenas", asegura Fredy Espadas Sosa, ex delegado estatal del desaparecido Instituto Nacional Indigenista (INI) y estudioso de la cultura y problemática de los mayas peninsulares.
En entrevista, el investigador yucateco afirma que las últimas dos legislaturas del Congreso local, la 55 y la 56, han incurrido en desacato, por no haber analizado, y mucho menos aprobado o rechazado, la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena que entró en vigor en agosto del 2001 a nivel nacional, y posteriormente en otras entidades del país, aunque con adecuaciones, o de plano vetada, como sucedió en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
Refiere que el artículo segundo de esa ley establece varios mandatos que los Congresos locales están obligados a acatar, como hacer modificaciones a las Constituciones de los estados y, lo más importante, concretar leyes y reglamentos secundarios de acuerdo con la cultura, costumbres y necesidades de cada entidad con respecto a sus etnias.
Pero en Yucatán, insiste, "los diputados y el propio Gobernador del estado (Patricio Patrón) ignoraron esa ley, y con ello una vez más demostraron el desprecio que sienten por los mayas, que además de ser la población mayoritaria de la entidad, son soporte de una de las culturas más importantes de México".
Según el ex delegado del INI, los legisladores yucatecos que incurrieron en desacato al no atender la ley indígena que el Congreso de la Unión les remitió desde principios de mayo del 2001 deberían ser objeto de sanciones administrativas y en un momento dado hasta de ser sometidos a juicio político.
La investigadora María Cristina Muñoz Menéndez, del equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, sostiene: "La...
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