El olvido inconveniente
| Autor | Ulises Beltrán |
Toda transición política demanda algún tipo de amnistía o corre el riesgo de perpetuar el conflicto implícito en el cambio de régimen. Si la transición es violenta, se olvida para restaurar las heridas de la guerra civil. Heridas que, a veces, se viven en el seno mismo de las familias.
Si la transición es pacífica, algún tipo de amnistía conviene para que el o los partidos o grupos de la etapa anterior, que siguen formando parte del sistema de partidos, colaboren en el nuevo orden político.
En la multitud de comentarios que se han hecho respecto de la actuación del fiscal especial Carrillo Prieto, se ha abusado de la comparación con los casos de Chile y Argentina para argumentar a favor o en contra de amnistiar o procesar a los presuntos responsables. Quizás ninguno de los dos casos sea adecuado para pensar sobre lo que conviene a los mexicanos.
En ambos casos los abusos cometidos sucedieron a rupturas del orden constitucional y el ejército asumió ilegal e ilegítimamente el poder. Abusaron de la Constitución y de sus ciudadanos. Excepto los militares, ninguna fuerza política civil del orden democrático previo participó de las atrocidades.
En México, los abusos fueron cometidos por un Ejército sometido a un mando civil y, sobre todo, los gobiernos bajo cuyo régimen ocurrieron emanaron de un partido que tiene hoy la mayoría en el Congreso y de las gubernaturas.
Argentina y Chile han servido también para destacar la diferencia en la magnitud de las atrocidades e incluso como justificación de lo ocurrido en México, en la medida en que aquí, con un costo mínimo, se evitó la guerra civil y el rompimiento del orden constitucional. También en esto la comparación es mala y revela una de las peores actitudes hacia la justicia y el derecho. No importa violentar el derecho un poquito si a cambio se salva el orden institucional.
Frente a actos delictivos que demandaban una enérgica respuesta de los aparatos del orden público y de la administración de justicia, como fueron los que cometieron quienes se levantaron en armas, órganos del Estado mexicano violaron aquellos derechos humanos que como sociedad democrática queremos compartir.
Que una autoridad desaparezca a un ciudadano agravia obviamente al afectado, pero constituye una grave violación del orden social en el que queremos vivir. En estas violaciones hubo responsables y no podemos simplemente ignorar estos hechos, la pregunta es si, para avanzar en la construcción democrática, conviene olvidar y...
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