'Olvidan' fondos para juicios orales
| Autor | Claudia Guerrero |
A más de tres años de aprobada la reforma de justicia penal que dará vigencia a los juicios orales, el Gobierno federal analiza los costos que implicará la transformación del sistema a nivel nacional.
En un documento entregado al Senado, el Presidente Felipe Calderón reconoce que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) apenas desarrolla un proyecto encaminado a conocer tanto el costo como los beneficios esperados de la instrumentación de la reforma penal.
Según el Mandatario, el análisis permitirá cuantificar los costos a partir del desglose de actividades y del proceso de implementación en sus diferentes etapas.
Calderón informó a los legisladores que el estudio quedará listo a finales de este 2011, se hará público y se enviará al Congreso.
El Presidente detalló que la medición del costo deberá calcularse en dos niveles.
El primero es el relacionado con los costos asociados a la implementación, la generación de planes y proyectos de inversión, la elaboración de legislaciones, capacitación del personal, el equipamiento y la adecuación de la infraestructura.
El segundo nivel deberá contemplar los costos relacionados con la operación de los dos sistemas de justicia penal, el tradicional y el nuevo, así como la etapa de consolidación de las reformas realizadas en la materia.
Por otro lado, en el informe se reporta que, de las 32 entidades, cuatro no registran avance en la implementación del sistema.
Se trata de los estados de Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, todos gobernados por el PRI.
"Los estados no presentan avances en ninguno de los requisitos de implementación", aseguró Calderón.
El Presidente se refirió al tema para responder una de las preguntas parlamentarias que le fue enviada por la bancada del PRI en el Senado.
Los legisladores pidieron al Ejecutivo que informara sobre los recursos que se requieren para instrumentar la reforma constitucional en materia de juicios orales, tras considerar que la seguridad y la impartición de justicia son pieza fundamental para la gobernabilidad.
Sin embargo, Calderón aclaró que la implementación de la reforma penal es atribución y responsabilidad de los estados y, por lo tanto, sus costos dependerán de las acciones que realicen los gobiernos locales.
Para el próximo año, el Ejecutivo plantea asignar 443.4 millones de pesos para implementar los juicios orales en las entidades, cuando en este 2011 se destinaron 442.9...
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