Olvidan 3 estados la transparencia
| Autor | Silvia Garduño |
MÉXICO.- En materia de transparencia, Chiapas, Coahuila y Puebla registran una baja en el presupuesto asignado a los órganos garantes entre 2011 y 2012.
En Chiapas, donde la administración del Gobernador Juan Sabines ha sido fuertemente cuestionada por desvíos de recursos y venganza política contra el ex Gobernador Pablo Salazar, se registró la disminución más importante, pues el presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información disminuyó casi 40 por ciento al pasar de 13.5 millones a 8.1 millones.
En Coahuila, donde se registró un endeudamiento por más de 36 mil millones de pesos durante la administración de Humberto Moreira, el presupuesto asignado al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública se redujo 13.3 por ciento, al pasar de 27.4 millones de pesos en 2011 a 23.8 millones en 2012.
Si bien el presupuesto bajó más en Coahuila y en Chiapas, el caso de Puebla -donde se redujo 1.5 por ciento- llama la atención debido a que su nueva Ley de Transparencia, que entró en vigor en diciembre, da mayores facultades a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), las cuales tendrá que cumplir con menos recursos.
Mientras en 2011 el presupuesto para la CAIP fue de 12 millones, en 2012 éste se redujo a 11.8 millones de pesos.
En términos de presupuesto per cápita destinado a transparencia, Chiapas y Puebla son las entidades que menos recursos destinan: 1.8 pesos en el caso de Chiapas y 2 pesos en el caso de Puebla, cuando estados como Campeche y Quintana Roo destinan más de 17 pesos.
En entrevista con Grupo REFORMA, expertos en materia de transparencia alertaron sobre la disminución en los presupuestos de los órganos garantes, particularmente en el caso de Puebla.
Con la nueva ley, el número de sujetos obligados en Puebla, es decir, las instituciones obligadas a proporcionar información, pasó de 88 a más de 337, pues si bien antes únicamente se consideraba sujetos obligados a las dependencias del Poder Ejecutivo, ahora se considera a los Poderes Judicial y Legislativo, además de los 217 ayuntamientos, los partidos políticos y los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, el Instituto y Tribunal Electorales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Lilia Vélez, directora del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y ex comisionada de la CAIP, calificó como absurdo que se haya reducido el presupuesto del órgano garante, a la vez que aumentó en casi cuatro veces el...
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