Objetivos de la Reforma Constitucional en Materia Penal de 2008
| Autor | Miguel Ángel Osorio Chong |
| Páginas | 711-718 |
Page 711
A lo largo de su historia, México ha vivido transformaciones que han marcado un antes y un después. El 18 de junio de 2008 fue, sin duda, una de ellas. En ese momento dio inicio uno de los cambios jurídicos más importantes en nuestro país: se publicó en el Diario Oicial de la Federación un Decreto que reformó diez artículos de la Constitución federal y abrió un periodo de ocho años para que la Federación y las entidades federativas implementaran un nuevo modelo de justicia en el ámbito penal. Este cambio exigía modificaciones normativas, de infraestructura, nuevos modelos de gestión, capacitación a operadores y la creación de las instituciones necesarias para poner en marcha un nuevosistema.
El objetivo principal de la reforma fue responder a la exigencia ciudadana de transformar y dar un sentido más humano a la justicia penal; para que ésta sea más cercana, coniable y oportuna. Era necesario contar con un sistema que res-pondiera plenamente al propósito de prevenir, perseguir y castigar el delito, así como impartir una justicia expedita, transparente e imparcial, capaz de garantizar el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño, la aplicación de la ley y la protección a inocentes. Todo ello, en un marco de respeto irrestricto de los derechos humanos, profesionalismo y transparencia en la labor de operadores e instituciones.
Esta reforma y su implementación fueron resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de los tres órdenes de Gobierno que trasciende plazos y administraciones. Es generacional, no es un asunto sólo de fechas, sino una nueva manera de concebir y ejercer el derecho. Por ello, para lograr su consolidación es necesario ver hacia adelante y redoblar esfuerzos. Se trata, en suma, de lograr una nación más justa, donde la ley proteja a todos por igual en sus derechos y en sus libertades, ése es el objetivo y, sobre todo, ése es el reto de la reforma a la justicia penal de 2008.
Page 712
Fueron múltiples las causas de fondo que dieron pie a que en 2008 cobrara fuerza la exigencia de un cambio de paradigma en la justicia penal. La causa fundamental fue que los procesos del anterior sistema no garantizaban resoluciones ágiles, transparentes y oportunas y, por ende, generaban una amplia percepción de opacidad, corrupción e impunidad.
El sistema penal -preponderantemente inquisitivo- tenía como premisas fundamentales a la confesión como prueba principal y a la presunción de culpa-bilidad en todos los ordenamientos penales. Por otra parte, el procedimiento era escrito y opaco, lo que originó un sinnúmero de injusticias e inequidades, donde los más desprotegidos eran quienes carecían de recursos para una buena defensa penal. Todo esto produjo un escenario preocupante para la procuración de justicia, trayendo como resultado un legítimo reclamo social de seguridad y justicia. Se requería de una verdadera transformación en nuestro sistema penal, que implicara no sólo reformas aisladas a la Constitución, sino una reforma de tal envergadura que modificara a fondo la manera de prevenir, procurar y administrar justicia en nuestro país.
La respuesta del Estado mexicano a dichas circunstancias fue la reforma más importante en todo un siglo de historia jurídica en nuestro país. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oicial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Ello dio inicio al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como una serie de transformaciones en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, debe señalarse que durante los años siguientes la implementación de la reforma fue escasa y desarticulada.
Por ello, desde el primer día de su administración el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asumió como prioridad de su Gobierno concluir en tiempo y forma la implementación de la Reforma Constitucional, comprendiendo que la magnitud de esta transformación exigía realizar un esfuerzo de Estado, en el que participaran en conjunto la sociedad y sus instituciones. Y así lo hemos venido haciendo.
Una de las decisiones del Presidente de la República, anunciadas el 1º de di-ciembre de 2012, se reiere al impulso de la reforma constitucional del Sistema de Justicia Penal y al Código Único de Procedimientos Penales, instrumento jurídico que, gracias a la sensibilidad del Congreso de la Unión y al impulso de la sociedad civil, hoy es una realidad en nuestro país.1
De igual manera, en el Pacto por México, suscrito por las principales fuerzas políticas y el Gobierno de la República, se establecieron distintos compromisos
Page 713
en diversas materias, entre ellas la de seguridad y justicia. En los compromisos 77, 79 y 81 se estableció como prioridad implementar el Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio en todo el país, dentro de los plazos establecidos en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008.2
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento que contiene las políticas públicas que guían el actuar de la presente administración, la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio forma parte sustantiva de la meta nacional "México en Paz".3
Asimismo, en la Secretaría de Gobernación se ha asumido el compromiso de impulsar la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, objetivo 2 de nuestro Programa Sectorial.4
Por otro lado, la política pública de seguridad y procuración de justicia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia; el combate a los...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba