Rotación tri-anual de personal en los municipios de Guanajuato y la ética
| Autor | Rogaciano González González |
| Cargo | Maestro en Derecho Penal por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho. Actualmente es estudiante de la Maestría en Política y Gestión Pública en la UIA León |
| Páginas | 1-17 |
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El Municipio, a decir de Quintana Roldán "es la institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un concejo o ayuntamiento, y que es con frecuencia, la base de la división territorial y de la organización política de un Estado"1.
Es la célula básica de gobierno, donde se da el contacto inmediato entre autoridad y ciudadano, donde se manifiestan las múltiples necesidades de la población y donde se busca la respuesta a las mismas.
El Estado de Guanajuato se divide en cuarenta y seis municipios2, sus ayuntamientos se renuevan cada tres años a partir del diez de octubre en que inician sus funciones; y están integrados por un presidente municipal, así como
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por el número de síndicos y regidores que determina la Ley Orgánica (no pueden ser menos de ocho ni más de dieciséis). A ellos les corresponde el gobierno municipal y el manejo y administración de los intereses de las poblaciones. Cabe resaltar que no existe autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del Estado.
El ayuntamiento, en sus funciones de gobierno y de administración, tiene un peso específico en cómo se llevará el ejercicio de la administración, donde es el presidente municipal el brazo ejecutor de los acuerdos que se toman en las sesiones y es el responsable inmediato ante el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado respecto al buen manejo de los recursos públicos; pero no pocas veces su actuar está condicionado a los intereses de su partido de origen, al cual tiene y debe rendir cuentas, incluso antes que al propio pueblo, ya que de salirse de sus lineamientos quedaría excluido de proyectos electorales posteriores y "su carrera" en dicho sentido queda condicionada a su actuar.
Cabe mencionar que a los partidos políticos les interesa más seguir ganando elecciones o conservar el poder que preocuparse por las múltiples necesidades y exigencias de una localidad, sino al contrario, se preocupan más por sus afiliados y simpatizantes, muy a pesar de sus doctrinas filosóficas y principios que dieron su origen y de los cuales se han apartado al optar sólo por el poder.
Uno de los inconvenientes que tienen los nuevos ayuntamientos en sus primeras sesiones, es que los funcionarios recién nombrados invitan, a su vez, a sus colaboradores (personal de confianza que comparte el mismo criterio de
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trabajo) y sustituyen a los anteriores (inclusive a las secretarias), con la explicación de que hay una nueva administración y es importante dar respuesta a la ciudadanía y a los compromisos adquiridos.
Ante la realidad imperante en esta esfera de gobierno tan importante, pareciera que dicha explicación se justifica en el sentido que manifiesta Corominas, de que el poder se define en términos de intención o voluntad, como "la capacidad de lograr resultados, deseados e intentados, y que el poder antes de ser una propiedad de un sujeto es una propiedad de toda acción humana"3.
Sin embargo, el problema se agudiza en algunos municipios donde el relevo de personal se da casi al cien por ciento, con el grave inconveniente de afectar al buen funcionamiento de la administración, en lo que se refiere a la continuidad de los diversos programas sociales y de carácter administrativo y con ello se ocasiona un retraso en la comunidad, ya que el nuevo personal que durará en la administración municipal sólo tres años, en ocasiones tardan hasta seis meses en aprender sus funciones, esto en detrimento de los beneficiarios y la ciudadanía en general, así como a los propios trabajadores existentes y a los entrantes ya que dentro de tres años seguramente les ocurrirá lo mismo, vulnerando así su dignidad humana.
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Tal es el caso de municipio de Valle de Santiago, cuyo ayuntamiento está conformado por un presidente municipal, un síndico y diez regidores4. En los últimos seis ayuntamientos se han dado alternancias constantes, ya que de 1994 a 1997 el ayuntamiento fue del PRI, de 1997 a 2000 del PRD, de 2000 a 2003 del PAN, de 2003 a 2006 del PRD, de 2006 a 2009 del PAN y próximamente de 2009 a 2012 del PRD. En este municipio laboran entre 280 y 330 servidores municipales entre policías, tránsitos, administrativos, servicios generales y directores de área.
Normalmente, en este municipio las jornadas electorales se vuelven apasionadas, al extremo de que los integrantes de la administración en funciones no pocas veces queda al margen de participar activamente como una invitación casi obligada de su director de área o presidente municipal directamente con el grave inconveniente de quedar estigmatizado en sus preferencias electorales ante la sociedad y así ser contemplado por los diversos adversarios políticos. Se resalta aquí que si se niegan a participar su permanencia en el "trabajo" es aún más corta.
Cabe señalar que dicho municipio carece de un código de ética donde prevalezcan los principios más elementales y se resalte el respeto a la dignidad de la persona, la subsidiariedad en las funciones públicas para cumplir a cabalidad ante la ciudadanía y proporcionar el bien común, al margen de cuestiones partidistas. Se ha observado cómo entre funcionarios y exfuncionarios persiste una constante lucha de desacreditación hacia la administración en funciones con
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el sólo objetivo de conseguir adeptos políticos para "conservar y obtener el poder" dividiendo incluso a la propia ciudadanía y llegando al extremo de manifestar que tal o cual comunidad pertenece a su partido. Como consecuencia se da una parcialidad en la aplicación de los programas a ejercer.
Por todo esto, los funcionarios que integran la administración sujetan su actuar a criterios planteados por sus jefes inmediatos quienes previamente lo han consensado con el presidente municipal, el cual de acuerdo con su fracción y con su partido tomará la decisión más conveniente a los intereses sobre todo del partido para seguir ganando la elección, si bien los resultados vistos hasta la fecha, en nada han favorecido a los partidos ya que el ciudadano opta por cambiar constantemente ante la actitud que toman las autoridades vigentes.
Por su parte, los servidores públicos que no son de elección y que están en contacto permanente con el ciudadano, si bien cumplen con sus funciones laborales se encuentran ante el temor permanente de perder su empleo con la próxima jornada electoral, por lo que se vanaglorian al señalar que su...
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