El nuevo paradigma del sistema de seguridad y justicia penal en México
| Autor | Humberto Benítez Treviño |
| Páginas | 119-132 |
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Agradezco la amable invitación que me hizo la maestra Arely Gómez González, procuradora General de la República y presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para contribuir con un texto de mi autoría en la publicación de una obra cuya temática tiende a comprender la reforma penal en plenitud y se vincule con los retos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México.
La experiencia que la vida me proporcionó al darme la oportunidad de fungir como procurador General de Justicia del Estado de México, procurador General de Justicia del Distrito Federal y procurador General de la República, fortaleció mi convicción de que la justicia es un valor cultivado por el hombre a través de los tiempos, una idea vinculada con la dignidad y que su expresión a través de la palabra, anima y contagia a la familia, a la comunidad y alerta a la autoridad, quien de inmediato, al saber que alguien pide justicia, debe hacer funcionar a los órganos estatales para que abran las instancias de procuración y administración de justicia y se cumplan las demandas del pueblo.
A principios del siglo XXI enfrentamos un escenario social caracterizado por fenómenos como la extrema pobreza que en lugar de disminuir aumenta día con día, el calentamiento global, el deterioro de los mantos acuíferos, las enfermedades exóticas como el sida y la presencia de grupos de la delincuencia organizada dedi-cados a cometer secuestro, narcotráico, trata de personas, pornografía infantil, pi-ratería, delitos cibernéticos, entre otras maneras de delincuencia que en diferentes modalidades adoptan formas cada vez más violentas, sutiles y que utilizan las más avanzadas tecnologías de la información, armas exclusivas del ejército y estrategias de sectores del ejército, policías y de la marina.
En México se maniiestan formas de delincuencia muy diferentes a las previstas en la legislación penal, que por la propia dinámica de la sociedad resultan impredecibles; por el principio de legalidad en diversas ocasiones se tienen que absolver a los delincuentes, especialmente por aquella regla de derecho que dice que no hay delito si no hay ley que lo prevea; por otra parte, para la comisión de las formas de-
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lictivas se utilizan medios con avances tecnológicos y de estrategias profesionales, como acontece en el narcotráico, el secuestro, robo, delitos a través de sistemas electrónicos, etc., que rebasan los métodos de investigación ministerial, aumentando la impunidad y el miedo social.
Aunado a lo anterior, los medios masivos de comunicación han difundido noticias de altos índices delictivos y la realización de conductas antisociales que dañan a la sociedad en forma cotidiana, relejando inobservancia a la legalidad y con ello un rechazo a los valores que sustentan el orden, la tranquilidad y el respeto al otro, generando inseguridad y un reto abierto a la fuerza legítima del Estado.
Para superar esta crisis de inseguridad, la sociedad requiere de un conjunto de medidas encaminadas a la colaboración y a la solidaridad social entre los miembros de la sociedad civil y entre estos y el gobierno. Uno de los grandes problemas que enfrentamos como colectividad es la falta de respeto al otro, como diría José Ortega y Gasset, "la invasión irrespetuosa a la otredad y la poca identidad entre el yo y el nosotros", que trae como consecuencia la elevación de los delitos dolosos, entre ellos las desapariciones forzadas, la trata de personas, pornografía infantil, entre otros. Por ello el reclamo de justicia se hace colectivo, rebasando a los organismos de derechos humanos.
En este sentido y ante esos lagelos que hoy vulneran al pueblo, que inca en el gobierno la responsabilidad de garantizar su seguridad, actualmente trata de cumplirla movilizando a los policías, el ejército, la marina y activando con nueva legislación a las instancias de justicia. Es necesario que la ciudadanía tenga plena conciencia de que, sociedad y gobierno, son corresponsables para garantizar la seguridad de todos porque sin denuncia y sin espíritu ciudadano que favorezca el acercamiento con el gobierno, y éste a su vez con los grupos organizados de la sociedad civil, se propician coyunturas para el surgimiento de grupos delictivos que al no ser combatidos y sometidos generan el ambiente de impunidad, decepción social y deslegitimación de la autoridad por la pérdida de la conianza del pueblo en las instancias de justicia.
El Estado, para justiicar la razón de su existencia, ha buscado afanosamente es-trategias para afrontar a la delincuencia y garantizar la seguridad pública; de ahí la necesidad de una nueva legislación y la implementación de políticas públicas que lleven implícitas las estrategias para prevenir y combatir sin tregua toda conducta delictiva. Por ello a partir de los últimos años del siglo XX, se ha intensiicado la reforma legislativa tratando de adecuar los postulados constitucionales y la legislación ordinaria federal y de las entidades a las exigencias de los ciudadanos de contar con un mejor sistema de seguridad y justicia.
En este sentido, se hizo necesario implementar a nivel constitucional una profunda reforma en materia penal para reconstruir al estado de derecho garante del orden público, de la seguridad pública y de la seguridad nacional.
La reforma se justiica porque si las realidades cambian, cambia la ley que debe preservar los principios y previsiones de aquellas conductas que dañen a la sociedad. La participación social se hace necesaria porque el clamor, la denuncia y la petición de justicia son las bujías para la toma de decisiones que conduzcan a resolver el problema de la inseguridad.
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En suma, ante la crisis de seguridad pública que vive nuestro país, se hizo necesario cambiar el paradigma del Estado gendarme y la justicia inquisitiva, cuya función solo generó una justicia retardada, altos índices de impunidad y de corrupción.
Ese paradigma penal ya no era suiciente para el pueblo mexicano que cada día es más consciente de sus derechos y merece una justicia más humana; por ello se implementó la reforma constitucional del sistema mexicano de seguridad y justicia.
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oicial de la Federación la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 en sus fracciones XXI y XXIII, 115 en su fracción VII, y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma constitucional en materia penal implicó cambios importantes en el sistema de seguridad y justicia, entre los cuales podemos citar los siguientes:
Primero: El paso de un paradigma de justicia represiva a un paradigma de justicia garantista, que implica la creación de nuevos referentes constitucionales, con el in de instrumentar una legislación que comprenda los supuestos jurídicos preven-tivos y punibles de las nuevas formas delincuenciales.
Segundo: Hacer realidad el principio de una impartición de justicia pronta, expedita y diligente mediante la elevación a rango constitucional de la justicia alter-nativa, con el in de evitar graves perjuicios a los justiciables, causados por juicios largos y costosos, de asuntos que pueden tener solución a través del acercamiento de las partes en conlicto, evitando en las respectivas instancias el rezago, la buro-cratización y oportunidad para la corrupción.
Tercero: Redimensionar al Ministerio Público como órgano garantista en la reparación del daño. El ejercicio de la acción penal o su no ejercicio lo podrá realizar con un especial arbitrio que se realizará a través del juez de control.
Cuarto: Agilizar los juicios a través de la oralidad para juzgar con mayor objetividad y conocimiento de causa acorde con una nueva cultura de las partes y auxiliares que intervengan en el proceso.
Quinto: La presunción de inocencia es un avance para garantizar la observancia plena de los derechos humanos en la defensa adecuada, la cual debe ser conducida por un experto en materia jurídica y no sólo por personas de la conianza del indi-ciado.
Sexto: La presencia de un juez en el Ministerio Público garantizará un eicaz desarrollo de la investigación y mayor protección a la víctima; el juez de control es una figura novedosa en el sistema de justicia penal que evitará la oportunidad de que se vulneren los derechos de las personas, ya sean víctimas, testigos o inculpados.
Séptimo: Los jueces de ejecución de sentencias evitarán que se encarcelen a personas que no lo merecen y que las autoridades administrativas no apliquen las sentencias judiciales, según su leal saber y entender.
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La reforma crea un referente indispensable para que el Congreso de la Unión legisle en torno a la delincuencia organizada, la cual requerirá de un tratamiento con medidas cautelares, apropiadas a su peligrosidad.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una alternativa que ocupa la atención de las distintas áreas. Por ello la reforma es trascendente en cuanto prevé la imperiosa necesidad de que los recursos materiales y humanos se apliquen con sistemas racionales, los referentes para la distribución de competencias que realmente protejan a la sociedad, así como la información de procedimientos que se vinculen con el derecho comunitario, con participación ciudadana y el acercamiento de la autoridad con los ciudadanos.
Dos de los propósitos fundamentales de la reforma son: garantizar la seguridad y la justicia mediante las políticas más avanzadas.
Como las formas delincuenciales inéditas causan crispación social entre los mexicanos que han resultado agraviados o de quienes piensan que en cualquier momento pueden sufrir un ataque. Por ello la reforma constitucional se legitimó a través de los foros en los que participaron...
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