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La nueva urgencia legislativa: seguridad interior

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Vincent
AutorEliana García Laguna
Páginas35-37
35
la nueva urgencia legislativa:
seguridad interior
Eliana García Laguna
La Silla Rota, 10 enero de 2017
Desde hace unas semanas, se ha revivido la urgencia de legislar en seguridad in-
terior, bajo el argumento de que no hay marco legal para la actuación de las Fuer-
zas Armadas en las tareas que vienen realizando desde que, en 2006, se decidió
apostar por la militarización de la seguridad pública, misma que a diez años ha de-
mostrado no ser efectiva para el combate a los grupos delincuenciales de alto im-
pacto entonces dedicados al narconegocio que ahora han diversicado su acción
criminal al menos a 22 delitos.
La pregunta que nos hacemos cada que se habla de seguridad es: ¿seguridad para
quién? Y una rápida mirada histórica nos permite dilucidar que no es para las y los
ciudadanos de este país, porque en estas dos décadas, desde la creación de la ley
del sistema nacional de seguridad en 1996 que dio acceso a los titulares de las Fuer-
zas Armadas al Consejo Nacional de Seguridad Pública, quien más ha sufrido es la
ciudadanía.
En abril de 2009, el entonces presidente, presentó una propuesta para adicionar a
la Ley de Seguridad Nacional un nuevo título de seguridad interior; la propuesta re-
gularizaba la militarización del país, lo cual no fue aceptado por las y los senadores
quienes modicaron casi en su totalidad la propuesta y la enviaron, desde 2011, a
Cámara de Diputados. Aquella reforma se sustentó en lo que establece el artículo
129 constitucional: “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer
más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” y como
el Congreso, ni entonces ni a la fecha ha declarado la guerra, se ajustó la propuesta
a estos “tiempos de paz”, aunque la realidad y la actuación de las Fuerzas Armadas
en tareas que no corresponden a la disciplina militar lo contradigan.
Sin compartir esa propuesta de legislar sobre seguridad interior cuyo objetivo era
garantizar la seguridad de las instituciones y no de las y los ciudadanos, habría que
reconocer que se planteaba reformar la Ley de Seguridad Nacional cuyo marco
legal está establecido en dos artículos constitucionales, el 73 fracción xxix-m que
faculta al Congreso a legislar en materia de seguridad nacional y en el artículo 89
fracción vi que señala como obligación del Ejecutivo federal la de “preservar la se-
guridad nacional, en los términos de la ley respectiva”.

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