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Vincent

Vaya que ha causado revuelo la ley que obliga a las empresas en Coahuila a seguir pagando los salarios de sus trabajadores que son declarados como desaparecidos.

Más allá de que varias compañías coahuilenses ya brincaron ante la medida, el problema de las desapariciones no es menor en la entidad, pues, en cinco años, se han acumulado mil 600 casos.

Y con lo difícil que resulta que se declare legalmente fallecido a un desaparecido, la ley le ofrece a los familiares de las víctimas una opción para subsistir dado que ni las aseguradoras ni la seguridad social pueden pagarles seguros de vida o pensiones.

Una complicación adicional radica en el hecho de que, contra la creencia popular, no todos los casos de desapariciones son atribuibles al crimen organizado, pues entran en el mismo saco desde quienes huyen del estado por sus deudas hasta quienes sufren un accidente fatal y sus cuerpos no son encontrados.

Como sea, todo indica que la polémica ha resultado positiva y dicen que incluso es bien vista desde el gobierno de Rubén Moreira.

Y es que el tema de las víctimas colaterales de las desapariciones, que viven como un infierno el limbo legal además de la pérdida de un familiar, al fin está sobre la mesa.

Será interesante ver cómo le entran al asunto los propios...

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