Molina Ruiz, el asesor incómodo
| Autor | Sergio Gonzalez Rodriguez |
Mural / México
"La época en la que Francisco Molina Ruiz estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJE), hubo más desapariciones que nunca en el estado. Es una situación que debe de interesar a todos los mexicanos, porque se supone que los hombres del Presidente electo deben ser los mejores. Como abogado, creo que deben estar los mejores abogados", dice Alberto Medrano Villarreal, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
El actual coordinador de justicia y seguridad pública del equipo de transición del Presidente Electo Vicente Fox, ha sido Procurador General de Justicia de Chihuahua (1992 a 1995) y director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (entre 1996 y 1997); y hasta el pasado 31 de agosto, titular de una curul panista en la 57 Legislatura (1997-2000), en la que presidió la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Además de Medrano Villarreal, varios académicos y líderes de organizaciones civiles de Chihuahua, que han seguido de cerca la trayectoria del ex Senador, coinciden en marcar a Molina Ruiz como responsable de omisiones e irregularidades; en cambio, dirigentes empresariales avalan su trabajo.
Por su parte, los representantes de la jerarquía católica en Chihuahua se reservaron sus comentarios.
El Congreso del Estado de Chihuahua investiga hoy a Molina Ruiz por diversas anomalías en las que habría incurrido, entre las que se incluye el peculado.
El 22 de julio pasado, protestó contra Molina Ruiz la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, grupo civil fundado en el Paso, Texas, en julio de 1997, con el fin de localizar a 196 desaparecidos, entre ellos 22 estadounidenses.
Jaime Hervella, fundador y director del grupo, asegura que mientras Molina Ruiz fue Procurador de Justicia de Chihuahua, los familiares y amigos de los desaparecidos que llegaron a entrevistarse con él, jamás encontraron apoyo a sus denuncias.
Los narcocementerios
Sobre el sonado operativo binacional de los narcocementerios en Ciudad Juárez entre noviembre de 1999 y enero del 2000, Hervella apunta que tanto los ranchos y los laboratorios clandestinos de droga como las personas desaparecidas surgieron durante el Gobierno estatal panista de Francisco Barrio Terrazas.
"Existe un documento, en la PGR, con declaraciones firmadas por un individuo acerca de que Barrio fue financiado por el Cártel de Juárez".
Hervella se refiere al documento incluido en las actas del macroproceso contra el Cártel de Amado Carrillo Fuentes, en las que Barrio, actual "zar anticorrupción" del gobierno de transición de Vicente Fox, aparece como protector del narcotráfico a cambio de "fuertes cantidades de dinero" (PGR/UEDO 157/98, documento del que MURAL tiene copia).
Barrio desmintió tal versión, puesto que "son las supuestas declaraciones de un joyero que ya está muerto y, por ende, no puede validar su dicho.
"De otra manera, a la menor sospecha de que ése fuera un argumento serio, desde hace tiempo se habría iniciado un proceso indagatorio conforme a los cauces penales de este país", señaló Barrio.
Sin embargo, este mismo testimonio, que consta en documentos oficiales, y de los que MURAL conserva copia, tiene ahora en la cárcel a los...
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