Las Modificaciones y Cambios que Requiere la Ley Federal del Trabajo en Aspectos Individuales
Tomás H. Natividad Sánchez
Analizar y exponer un tema como el que me ha tocado ante un foro de la importancia de éste, ante colegas abogados y en un evento de nuestra querida barra, representa sin duda un verdadero reto, ya que lo que yo exponga indiscutiblemente será tema de debate.
Estoy seguro que si mi trabajo no es apoyado por todos, como posiblemente no lo será, por los menos si hará reflexionar a aquellos, a quienes les interesa esta apasionante materia, que por su importancia social es, a no dudarlo, trascendente en la vida de nuestro país, este hermoso México que debemos honrar y admirar, pero también debemos criticar y en el que cada quien, en su ámbito de influencia, tiene el deber de intervenir comprometiéndose.
El día 31 de mayo de 1995 el ejecutivo federal dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, en observancia de lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 5o de la Ley de Planeación.
Dicho Plan fue enviado al H. Congreso de la Unión para su examen y opinión, pero está siendo analizado por la sociedad entera, la que tiene el derecho y el deber de manifestar su opinión al respecto.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 propone cinco objetivos fundamentales:
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Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del estado mexicano.
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Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos.
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Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa participación ciudadana.
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Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda, en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia.
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Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos.
Estos cinco grandes apartados: soberanía, estado de derecho, y país de leyes, desarrollo democrático, desarrollo social y crecimiento económico, pueden ser analizados desde la óptica de la necesidad de una reforma a nuestra legislación laboral.
Cualquier reforma a la ley laboral deberá ser estudiada en el marco de nuestra soberanía nacional, respetando los valores que, como sociedad y pueblo, hemos construido y defendido con orgullo ante el mundo, pues México ha sido pionero y ejemplo de la defensa de los derechos sociales.
El artículo 123 constitucional es, sin duda, la expresión más temprana de las garantías sociales elevadas a rango constitucional en el mundo.
En 1917, cuando se incluyó en la Constitución Política del país el capítulo de las llamadas garantías sociales, no lo había hecho ningún otro país en el mundo.
Los derechos sociales, que estableció la constitución primero y reglamentó después la Ley Federal del Trabajo, son en su mayoría justificados y loables; los derecho mínimos de los trabajadores que individual y colectivamente deben protegerse y se protegen en cualquier país del mundo, que respete los derechos humanos, están sobradamente tutelados en México por la ley.
Debe, a no dudarse, hacerse resaltar y reconocerse que nuestro sistema, a través de la legislación laboral y el esquema que nos hemos dado los mexicanos, ha tenido y tiene grandes aciertos, ha creado grandes instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INFONAVIT, el FONACOT, el Nuevo SAR, etc.
La decisión de reformar la Ley Federal del Trabajo es, sin duda, una de las más importantes que México tiene que afrontar en el futuro cercano; a pesar de ser un ejemplo en el mundo y haber producido y creado reglas, verdaderamente geniales, que han permitido al país acumular casi 65 años de paz laboral y de la paz social que ello conlleva.
Un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos implica, sin dudarlo, adecuaciones a una legislación que ha sido deformada con extremos de proteccionismo, excesos de reglamentación y facultades ilimitadas que, sin las correspondientes responsabilidades, les han sido otorgadas a las organizaciones de trabajadores o a los trabajadores en conflicto, que hacen a la legislación injusta y desigual, sobre todo para el pequeño y mediano empresario.
Lamentablemente nuestra legislación laboral ha sido reformada en innumerables ocasiones por motivos sustentados en la política, el populismo, la demagogia y el deseo de conseguir el apoyo o, en su caso, el voto obrero y en ocasiones en pago de su evidente e importante participación y colaboración en el sistema y en la conservación y mantenimiento de éste.
Un claro ejemplo de ello lo fueron las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo del 1o. de mayo de 1980, que terminaron por dejarnos una legislación llena de obligaciones, de cargas administrativas, de falta de claridad y sencillez en el manejo de los conflictos, situaciones inflexibles, etc.
Dichas reformas han terminado protegiendo al mal trabajador, al trabajador que se hace despedir para lucrar con ello lo que ha acarreado el cierre de empresas y fuentes de trabajo, además de todas sus derramas sociales.
Si la legislación laboral vigente es mal aplicada, por sindicatos o autoridades, generalmente ocasiona riesgos de tal magnitud que obligan a las empresas a cerrar o reducir a los productores, de este país, a simples intermediarios o a deprimir la inversión productiva, al inhibirla.
La carga administrativa que impone la ley laboral es, sin duda, tan pesada que solo la mediana y la gran empresa pueden afrontarla o intentar cumplir con ella.
Construir un desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea la base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa participación ciudadana, implica que todo aquel que tenga que opinar sea escuchado, sin ser satanizado por sus puntos de vista.
Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda, en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo los principios de equidad y justicia implican y van de la mano con el promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos.
Es evidente que el mejoramiento de las condiciones de vida no es posible lograrlo, como se afirma ingenuamente, por ignorancia o mala fe a través de un ciego respeto a la ley laboral vigente y a todas las condiciones actuales, como si esto pudiere, por sí sólo, fortalecer la economía en beneficio de la clase trabajadora; como si el corregir vicios laborales vigentes y aumentar sin límite las prestaciones y los derechos mínimos, tolerar vicios o excesos pudiera perdonar culpas y corregir la equivocada política económica y los extremos del proteccionismo que llevaron al país a la crisis de la cual hoy estamos intentando salir.
El mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y el aumento del poder adquisitivo de los salarios, así como el abatimiento del desempleo, no pueden provenir de cambios o de una modernización populista que se lleven a cabo como una concesión a grupos del sistema o a los llamados independientes, socialistas o ecologistas o cualquier extremismo, justificado o no, ya que, en lugar de ser un factor estimulante para la economía, es un factor inflacionario que destruye y no construye y desalienta la inversión. Por lo anterior, una postura populista no es el camino para las soluciones que México requiere.
El sector de los trabajadores o de los intelectuales que ahora serian conservadores, ya que no admiten los cambios, debe estar consciente que el bienestar económico, el desarrollo social que propicie equidad y justicia para todos y, desde luego, para los trabajadores, sindicalizados o no, está condicionado por la economía; es decir exige que, por lo menos, no aumente el costo de la vida y se incrementen las posibilidades de empleo, lo que sólo puede producirse como resultado de una política económica que controle la inflación, promueva el crecimiento, garantice y promueva la inversión productiva y provoque una sociedad próspera y justa.
En este orden de ideas, debemos entender a la empresa como una entidad con responsabilidad social y con el derecho correlativo de propiciar y exigir las condiciones...
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