Miguel Reyes González / Propuesta mediática
| Autor | Miguel Reyes González |
Vaya oferta la que hizo la semana pasada el Alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal. En seis meses, dijo, reducirá un 25 por ciento el robo de autos y entre un 15 y un 25 por ciento el resto de los delitos del fuero común con mayor incidencia.
Para lograr esto, anunció el Edil en conferencia de prensa, aumentará la presencia policial. De 315 elementos que recorrían la Ciudad, ahora lo harán 448. Asimismo, buscará incrementar el número de efectivos de 751 a 916.
Habrá, también, una reestructuración de las zonas de patrullaje. De 49 existentes, se elevarán a 73. Además, el tiempo de respuesta ante un llamado de auxilio deberá ser menor a 2 minutos o habrá sanciones para los oficiales que lo incumplan.
El anuncio coincidió con la nota sobre el incremento histórico del hurto a vehículos en Nuevo León, publicado en la primera plana de EL NORTE. Según la información, tomada del Semáforo del Delito, de enero a noviembre se han presentado más denuncias que en los últimos cinco años. La cifra de noviembre, además, supera la de los meses anteriores.
De acuerdo con los datos, más de la mitad de esos robos sucedieron en Monterrey. De éstos, el 76 por ciento se cometió en la zona que corresponde a la Policía Regia.
Ésa no es la única clase de fechoría que azota a la Capital del Estado. El atraco a negocios presenta también luz roja y así ha sido en los últimos 12 meses.
El robo a casas habitación y a personas están en amarillo. Aunque esto significa una reducción menor al 25 por ciento del promedio histórico, siguen mostrando la mayor incidencia por cada 100 mil habitantes.
Frente a tales estadísticas, suena alentadora la promesa del Alcalde Larrazabal. Digo "suena" porque falta ver si se logrará y se demostrará tal cumplimiento. Es este último punto el que presenta la mayor complicación.
Y es que la evaluación del desempeño en el combate a la inseguridad pública, del fuero común, obvia decirlo, depende de la medición de los delitos. Es decir, de su incidencia.
Hoy por hoy, la fuente de datos de la que echan mano las autoridades estatales y municipales, al menos en Nuevo León, para establecer sus parámetros, proviene de la Procuraduría General de Justicia. Y ésta sólo contabiliza los eventos criminales que son formalmente denunciados.
Es un hecho más que demostrado que las cantidades arrojadas por la PGJ no reflejan el total de los delitos cometidos...
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