Miguel Reyes González / Independientes y autónomos
| Autor | Miguel Reyes González |
Una vez más, EL NORTE trajo a colación la inutilidad de una instancia pública en el combate a la corrupción en Nuevo León. Esta vez, se trató de la Contraloría interna del Congreso local.
En su edición del domingo, este periódico dio cuenta de la inoperancia de este órgano, creado hace justo dos años con la finalidad de investigar y castigar irregularidades y actos de corrupción de quienes laboran en el Poder Legislativo, Diputados incluidos.
Cuatro han sido las denuncias que esta Contraloría "de a mentis" ha recibido y, hasta la fecha, no ha resuelto ninguna. Una de ellas fue interpuesta por la bancada de MC, debido a las alteraciones en algunos de los artículos de la Ley de Movilidad del Estado.
Como suele suceder, después de la exhibida mediática, los parlamentarios aseguraron que llamarán a cuentas a su contralor. A ver con qué cuentos les sale, porque las cuentas nomás no le van a cuadrar.
Poco o nada debería extrañar que este órgano del Congreso estuviera nada más de adorno. Aun desde antes de su creación, aprobada con los votos de las bancadas del PAN y del PRI, los Diputados emecistas Mariela Saldívar y Luis Donaldo Colosio advirtieron la falta de candados para impedir que se nombrara un contralor "a modo", de quienes dominan el Legislativo.
Y así sucedió. Tal como vaticinó hace un par de años Colosio sobre el contralor que sus colegas designaron: "no va a tener facultades suficientes, y las pocas que tenga van a ser usadas de manera facciosa".
La inoperancia de la Contraloría interna del Congreso viene a sumarse a la de las otras instancias creadas para atacar la corrupción en el Estado, como lo han mostrado los reportajes de este periódico en las últimas semanas. Pero no es lo único que comparten.
Este órgano del Poder Legislativo tiene un común denominador con la Contraloría estatal, el Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. O bien a éstos les falta independencia o bien carecen de autonomía total o ambas cosas.
La Contraloría del Congreso no tiene ni independencia ni autonomía plena. Lo más que posee es autonomía técnica y de gestión, lo cual le permite definir cómo realizará las auditorías, organizará su operación y usará los recursos públicos asignados.
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