Miguel Reyes González / Ganar en la mesa

AutorMiguel Reyes González

Veintidós días han transcurrido desde las pasadas elecciones estatales y éstas siguen arrojando lecciones penosas. Al principio, los análisis se centraron en el marcado abstencionismo y en las razones de la contundente derrota panista.

Ahora, un elemento más deberá sumarse a la reflexión de lo sucedido el 6 de julio. Por desgracia, no se trata de un asunto menor; todo lo contrario. Es una cuestión que le pega a la consolidación de la democracia a nivel electoral.

Dicho de otra manera, es un factor que podría atentar contra el espíritu de una elección democrática, que es el respeto a la voluntad de la mayoría. Este ingrediente es la impugnación y su efecto directo es la resolución de los comicios en la mesa.

El objetar uno o varios aspectos que se dieron en los procesos de votación es un derecho de las partes contendientes. Esa garantía tiene razón de ser, pues apela a la certeza, legalidad e imparcialidad que debe haber en las elecciones democráticas.

Sin embargo, la legitimidad o validez moral de ese recurso jurídico está sujeta al verdadero propósito de quienes recurren a la apelación. De la misma manera, está supeditada a la naturaleza de las impugnaciones.

En el primer caso, cuando de objeciones se trata, quienes alzan su voz antes que nadie, por supuesto, son los candidatos perdedores. Estos buscarían revertir los resultados de la elección o asegurarse de que su derrota fue legal.

En cuanto al tipo de impugnaciones, éstas pueden ser irregularidades meramente de procedimiento, producto de errores involuntarios. Pero también puede tratarse de acciones fraudulentas tendientes a adulterar las votaciones.

En estos dos elementos está el quid de la cuestión acerca de las apelaciones que han hecho los partidos sobre las elecciones realizadas en Nuevo León. Tanto la justificación que dan para impugnar como las irregularidades que reclaman parecen responder al interés de ganar la elección en la mesa.

Aunque el discurso de quienes objetan sus respectivas elecciones es que no buscan que cambie el resultado, sino que se le dé legalidad a los comicios, esto se antoja difícil de creer. Los argumentos de los que echan mano para rechazar la votación no se ven muy contundentes. Ahí está el caso de San Pedro.

La principal razón del PRI para negarse a aceptar el conteo final de la elección en dicho municipio, tiene que ver con 2 mil 730 boletas inutilizadas que no estaban en sus respectivos paquetes electorales. Más tarde, fueron encontradas por personal...

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