Miguel Carbonell/ Adiós al reino de la opacidad
| Autor | Miguel Carbonell |
Uno de los rasgos permanentes de los sistemas dictatoriales y autoritarios es el control de la información. Cuanto más se puedan controlar los flujos de información más posibilidades existen de perpetuar las condiciones de supervivencia del régimen en cuestión.
En México durante muchos años esto ha sido así: el gobierno ha controlado la información, la función pública se ha desarrollado en una especie de semi-clandestinaje y los ciudadanos apenas han podido saber, si acaso, en qué se gastaban los gobernantes el dinero de sus impuestos.
Por fortuna, la cosas parecen estar comenzando a cambiar. Hay un núcleo importante de periodistas, académicos, organizaciones no gubernamentales y simples particulares que lleva tiempo señalando la necesidad de contar con un mecanismo jurídico que haga en verdad transparente la función pública y permita que los ciudadanos y los medios de comunicación se puedan enterar de lo que realmente sucede dentro del enorme aparato estatal. Se trataría de llegar a una ley de acceso a la información como un primer paso para ir cumpliendo con lo señalado por la última parte del artículo 6 constitucional: "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Dicha disposición fue introducida en el texto de la Constitución en 1977 y a la fecha todavía no se ha reglamentado por vía legislativa. Veinticuatro años de incumplimiento manifiesto y continuo de la Constitución por parte del Poder Legislativo.
El derecho a la información, a estar informados y a que esa información nos sea garantizada por el Estado no es algo que esté a discusión, ni se trata de una prebenda que pueden otorgar o negar las autoridades: es un derecho que está inscrito en el texto de la Carta Fundamental. Negarlo significa nada menos que violar la Constitución. La posposición de su regulación legislativa extiende una violación constitucional patente a cada minuto, cada hora, cada día en que ese derecho no deja de ser algo más que simple papel mojado. Los legisladores deben saberlo y asumir la responsabilidad que tienen de crear los mecanismos legales necesarios para hacer del derecho a la información una prerrogativa realmente actuable en la práctica.
Por supuesto que regular el derecho a la información significa acabar con una serie de prebendas y privilegios que existen hoy en día. Los derechos fundamentales, llevados a la práctica, no son cómodos para el poder; al contrario, les exigen a los funcionarios públicos unos estándares de actuación a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba