México-Estados Unidos ¿Adiós a la certificación?
| Autor | Miguel Angel Valverde Loya |
Como cada año, el proceso de certificación estadunidense a los esfuerzos de la lucha antidrogas del gobierno mexicano se presenta como potencial fuente de tensión y distanciamiento en la relación bilateral. Este proceso, sin embargo, da signos de agotamiento, denunciado por los países "certificables" y cuestionado por los propios norteamericanos. Una serie de alternativas se perfilan, si no para sustituir, sí para coexistir en el corto y mediano plazo con la certificación.
La certificación permite a los congresistas norteamericanos participar en la política de lucha contra las drogas, atendiendo preocupaciones de los electores sobre el destino y control de fondos estadunidenses que utilizan gobiernos extranjeros. El narcotráfico es un asunto de política "interméstica" (donde la línea que separa lo internacional de lo doméstico no es clara), pues al mismo tiempo que tiene un impacto "inmediato" sobre la comunidad local, es considerado por la mayoría de los norteamericanos como una de las principales prioridades de política exterior en la post-Guerra Fría.
La intensidad del debate en el Congreso (y la introducción de resoluciones de desaprobación) está vinculada con el contexto político interno específico de cada año, como las ventajas electorales de reclamar crédito político a un bajo costo, o la posibilidad de crearle problemas a un Presidente del partido contrario para minar su fuerza, saldar alguna cuenta, u obtener alguna concesión en otros asuntos. La posición y los intereses de los integrantes de los comités de Relaciones Exteriores del Senado, y de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, son fundamentales, así como el apoyo de los líderes de ambas cámaras.
Por el lado del Ejecutivo, se tiende a enfatizar una visión más general y estratégica en el plano internacional, con objetivos globales y de interés nacional. La importancia de México como socio comercial, así como el eslabón que ocupa en la economía internacional, están siempre presentes en la mente de los altos funcionarios gubernamentales de Washington.
Sin embargo, hay múltiples divisiones al interior del poder Ejecutivo, e importantes funcionarios federales tienen un considerable margen de independencia frente al Presidente, con fuertes nexos con los comités del Congreso que supervisan su esfera de actividad, y que respaldaron su nombramiento.
Es así como los directores de la DEA y del FBI pueden abiertamente disentir con el Presidente ante el Congreso. La oficina de la Presidencia, específicamente la Oficina Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), a cargo del general Barry McCaffrey, es la encargada de coordinar la posición del Ejecutivo. El general McCaffrey, quien goza de la confianza y el apoyo del Presidente Clinton, ha tenido diferencias en torno a la conducción de la política antidrogas no sólo con Thomas Constantine, ex director de la DEA, sino con otras dependencias, e inclusive con el poderoso Departamento de Defensa en torno a cuestiones presupuestales.
Para avanzar su causa, la Casa Blanca y el gobierno de México organizan una serie de actividades que tienen por objetivo tanto mejorar el desempeño y la coordinación...
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