Un mecanismo polémico
| Autor | Viridiana Martínez |
Con opiniones encontradas, el Registro Público de Agresores Sexuales, promovido por el Gobierno de la Ciudad, dejó de estar disponible para cualquier ciudadano.
Mientras que detractores del mecanismo señalan que la base de datos, publicada en línea en abril de 2021, violaba la presunción de inocencia y el derecho a la protección de datos personales, otros activistas advierten la falta de un instrumento alternativo que garantice la reparación del daño y que salvaguarde la integridad de las víctimas.
Hasta su última actualización pública, el Registro enlistaba a 417 personas con sentencias firmes por delitos de feminicidio, violación, abuso sexual y acoso sexual en contra de menores de edad; también se asentaban los datos de personas sentenciadas por trata de personas y turismo sexual.
El documento mostraba el nombre, apodos, fotografías, señas particulares y nacionalidad de un agresor.
Sin embargo, el 20 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que el Registro se cerrara al público y se convirtiera únicamente en un instrumento de carácter privado para las autoridades, pues se trataba de un mecanismo que violaba la presunción de inocencia y que obstaculizaba la reinserción social.
En entrevista, Saskia Niño de Rivera, fundadora de la asociación Reinserta, cuestionó la utilidad de la base de datos, y subrayó la falta de indicadores que permitan medir la reincidencia en delitos como agresiones sexuales contra menores, pues la mayor parte de estos casos no se denuncian.
"No sirve de nada francamente, solamente revictimizan y no previenen absolutamente nada", apuntó.
"No es una política pública que sume a la prevención del delito y sólo genera más actos de violencia, al tener abierto al público quién es una persona que es agresor".
Existen otras medidas, como la Carta de Antecedentes No Penales, indicó Niño de Rivera.
Además, para prevenir la reinserción de agresores sexuales se puede optar por atención psiquiátrica, refirió.
Cuando el Registro fue aprobado en 2020, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local argumentó que el mismo se trataría de una herramienta que permitiría facilitar la identificación de delincuentes reincidentes.
"Está sanción rompe con la costumbre cultural de encubrir y tolerar a los agresores sexuales, se le hace frente a una problemática que afecta a toda la sociedad, puesto que una agresión sexual perjudica a la víctima y a su entorno social", consideró la Comisión al momento de...
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