Margarita Ríos-Farjat / Triunfo de la sociedad civil
| Autor | Margarita Ríos-Farjat |
Un fallo histórico ocupó las primeras planas del país desde el jueves: "Ordena Corte regular publicidad oficial".
Es la primera vez que el máximo tribunal conmina al Poder Legislativo a que emita una ley. ¿Cómo entender la justa dimensión de esto?
La sociedad percibe un abuso en el ejercicio del gasto público, y una falta de mesura y control tratándose del destinado a "comunicación social", que suele diluirse en propaganda indebida, proselitismo, culto a la imagen y demás.
Aunque esto es muy grave, la moneda tiene otra cara: sin control público de ese gasto, se provoca que los medios de comunicación no hablen mal del Gobierno, ya que si lo hacen no les contrata espacios publicitarios para informar a la sociedad sobre su quehacer.
La regulación de ese gasto es crucial para una sana vida institucional y elecciones confiables. Las mejores credenciales, funcionarios y casillas no son nada frente a un sistema que permite proselitismos disfrazados y chantajes escondidos a través de la comunicación social desregulada, porque ahí se controla qué pensar y qué elegir.
Por eso, en febrero de 2014, como parte de una reforma constitucional en materia político-electoral, uno de los puntos fue que a más tardar en abril de 2014 (fin del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LXII Legislatura) debía expedirse una ley que reglamentara el gasto en comunicación social.
Era un mandato expreso, pero esa Legislatura terminó sus sesiones y la ley no se emitió. Pasó otro año de ejercicio, y hasta entró una Legislatura nueva en 2015 (la actual) sin que le mortifique el tema, porque si bien existen iniciativas al respecto, éstas no han sido dictaminadas.
Se le cuelga a la Constitución toda ocurrencia, y se la adorna cual manto de la virgen o túnica de santo, deseando que por colgarle las buenas intenciones, éstas sucedan solas. Tras esa fe devota, el Legislativo, como soberano, soberanamente se desentiende.
En ese contexto llega la Suprema Corte a ordenarle que legisle sobre ese gasto, y le pone término: antes del 30 de abril de 2018 (fin del último periodo ordinario de esta Legislatura).
Si bien la sentencia es de la Corte, se trata de un triunfo de la sociedad civil, de esa organizada y debidamente financiada de la Ciudad de México.
Pero en Twitter no faltó la queja: "Chingón que fallan a favor de legislar el gasto oficial en publicidad, 5 años después de que el presidente entró en funciones y gastó millones".
¿Se podía resolver antes? No...
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