Margarita Ríos-Farjat / Justicia VIP
| Autor | Margarita Ríos-Farjat |
A veces los peores escenarios nacionales son los que se deslizan casi sin darnos cuenta. Es la suma de aquellos eslabones a los que no les dimos importancia y que terminan siendo cadenas que nos impiden ejercer lo que promete la Constitución.
Primer eslabón: esta semana la Primera Sala de la Suprema Corte otorgó un amparo a TV Azteca contra el SAT. El efecto aparentemente implica que el SAT no pueda cobrarle 250 de los 300 millones de pesos que le requiere por un crédito fiscal.
La discusión fue hace un par de días, por lo que no conocemos el engrose (es decir, la sentencia). Una minoría de dos ministros, de los cinco que integran la Sala, consideró que el caso no se relacionaba con ninguna inconstitucionalidad y que, por lo tanto, la Corte no tenía competencia.
Supongamos que sí había algún error en el crédito fiscal por parte del SAT (el fondo no es el tema), y que sí era competente la Corte. Lo relevante es que TV Azteca logró acceder a la justicia.
Segundo eslabón: ese purismo de reconocer el derecho de cada individuo para litigar hasta el IVA de sus lápices no lo tiene un conjunto de contribuyentes cuando quiere litigar impuestos condonados por el Congreso o por el propio SAT.
Una batalla épica la ha dado el IFAI, que sigue insistiendo en que el SAT debe dar a conocer la lista de beneficiados de las multimillonarias condonaciones respecto a créditos fiscales "incosteables" o con "imposibilidad práctica" de cobro.
El monto de lo que el SAT le está reclamando a TV Azteca es apenas el 0.4 por ciento de lo que el propio organismo ha condonado en seis años a no sabemos quiénes ni por qué.
El SAT niega revelar esa información por un extraño concepto de "secrecía fiscal", cuyo significado mezquino no puede considerarse armónico con la Constitución.
Un grupo de académicos pretendió dar otra batalla al promover un amparo en contra de la condonación que la Federación autorizó en 2013 a no sabemos qué Estados y municipios respecto a las retenciones de ISR de sus burocracias locales.
Decenas de miles de personas se sumaron a ese amparo y el movimiento se conoció como #YoContribuyente.
Los ciudadanos unidos hicieron uso de la flamante y prometedora reforma constitucional de junio de 2011: "El interés legítimo individual o colectivo" para promover el amparo. Pero se llevaron un chasco.
En julio de 2014 la misma Primera Sala de la Corte desechó su demanda. Una mayoría de tres ministros consideró que ese colectivo de contribuyentes no tiene...
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