MarÃa Amparo Casar / Camino al conflicto
| Autor | MarÃa Amparo Casar |
Las bondades de la reforma electoral comienzan a palidecer frente a los errores y omisiones que aparecen día con día. Errores y omisiones que pagarán los consejeros electorales a un costo elevadísimo en términos de eficacia y de confianza hacia la institución y los procesos electorales.
Señalo tres de ellos. El primero es la posición en la que se ha colocado a los consejeros. De organizadores de la elección y promotores de la democracia se les ha convertido en administradores, contralores, intermediarios, vigilantes, censores, impartidores de la justicia y hasta en legisladores. Al ampliar y extender las funciones de los consejeros, se han multiplicado los espacios de conflicto e impugnación entre el árbitro y el arbitrado. Además se han añadido nuevos actores con capacidad de litigio: ciudadanos, organizaciones sociales, concesionarios y servidores públicos.
A meses de haber sido aprobada la reforma y a más de un año de las elecciones intermedias ya hemos visto a los miembros del Consejo General del IFE asumir los múltiples papeles que la nueva ley les ha asignado: distribuidores, administradores y vigilantes de los tiempos del Estado en radio y TV (Nayarit), censores de la propaganda que denigre a las instituciones y a los partidos (PAN y PRD) y "sancionadores" de la publicidad gubernamental de los servidores públicos (Tabasco) y de las violaciones a la compra y transmisión de promocionales (FAP). Cada caso ha provocado críticas, inconformidades e impugnaciones. Así, en lugar de que las elecciones sean noticia solamente por los resultados ahora los son por los conflictos y escándalos que generan.
El segundo error deriva de la adopción de dos buenos principios -limitar el poder e influencia de las televisoras y aumentar la equidad en la contienda- con un modelo muy deficiente para aterrizarlos. El modelo adoptado no pudo haber sido más complicado, costoso, controvertible y proclive al conflicto. Un modelo mucho más sencillo -manteniendo la prohibición de compra de propaganda- hubiese sido el establecimiento de una barra de información político-electoral a cargo de los tiempos de Estado de cinco minutos dos veces al día sin pretender eliminar las llamadas campañas negativas y sin más límites a la libertad de expresión que la exclusión de la calumnia y el respeto al derecho a la intimidad. Así se hubiese evitado la necesidad de monitorear, censurar y reunir pruebas para poder sancionar la trasgresión de las normas electorales. Reglas...
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