Manuel J. Jáuregui / Victoria pírrica
| Autor | Manuel J. Jáuregui |
Pudiera finalmente resultar que el precio a pagar por el triunfo electoral del Partido-Gobierno, si se diera, resulte demasiado elevado en todos los sentidos: material, ideológico y moral.
Material porque los cuantiosos recursos que, tanto el Gobierno federal como algunas entidades estatales en las que coincide gobierno panista, le destinan a la promoción de sus gobiernos y al culto a la personalidad con claros fines electorales, se efectúa con RECURSOS públicos proporcionados al Gobierno por TODOS los gobernados.
Son éstos, dineros que se desvían -en el sentido estricto de la palabra- pues en lugar de aplicarse en obra pública o en alguna otra inversión perdurable que beneficie a la sociedad, se gastan, se dilapidan en un afán por influir en el ánimo electoral de la ciudadanía.
Ideológicamente, este hecho tan marcado BORRA por completo la línea divisoria entre gobierno y partido, vicio que Acción Nacional condenaba -junto con la corrupción- como el principal del Revolucionario Institucional cuando éste era el Partido-Gobierno.
Moralmente también se paga un alto precio, porque el Presidente Fox y el PAN cometen finalmente los mismos pecados que sus antecesores, deformando por completo -en el afán de triunfar electoralmente- la verticalidad de la conducta pública por la que tanto abogaban cuando eran oposición.
Por más que aleguen los gobernantes que "la ley no se los prohíbe" (esto es difundir, en forma exagerada y masiva, propaganda pagada y diseñada por ellos, AUTOAPLAUDIENDO sus gestiones) ciertamente que la moral y la decencia sí lo contraindica, mientras que les queda vetado al no autorizarlo expresamente la Ley.
Nos explicaremos: en nuestro País existe un principio conocido como el "principio de la legalidad", que establece una distinción fundamental entre servidores públicos y ciudadanos.
Bajo este principio -universal, además- al gobernante le está prohibido todo aquello que la Ley no le autorice expresamente, mientras que al ciudadano le está permitido todo aquello que la Ley no le prohíba expresamente.
De manera que sí, efectivamente, es ilegal bajo este principio destinar los recursos públicos para la autopromoción gubernamental.
Ahora que, además, los gobernantes son electos para hacer bien las cosas, no para hacerlas mal: el aplauso no se requiere en las democracias, ni tampoco los reconocimientos autopromovidos.
Sólo las dictaduras demandan aplauso, sólo en las dictaduras se le rinde culto a la personalidad, sólo en las...
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