Manuel J. Jáuregui / Es tema jurídico

AutorManuel J. Jáuregui

Nuestro sistema jurídico, basado en el Código Napoleónico, posee una peculiaridad: en un juzgado, para un juez, sea penal, civil, electoral o familiar, lo que NO consta en el EXPEDIENTE, NO EXISTE. Esto es, declaraciones en los medios, boletines de prensa, dichos de funcionarios, etcétera, no pueden ser tomados en cuenta como base para un juicio.

Obviamente, tampoco la llamada "opinión pública": legalmente los juzgadores se basan sólo en lo que consta dentro del proceso y en las pruebas consignadas.

En consecuencia, si se debe enjuiciar o no a los ex Presidentes esto NO ES materia de CONSULTA; si la Fiscalía General de la República cuenta con pruebas, las debe presentar ante el Ministerio Público y un juez penal decide -apoyado únicamente en tales pruebas- si procede o no la acción penal.

Eso de consultar al pueblo si se procede o no contra los ex Presidentes es una vacilada, una jugarreta político-electoral que carece de legitimidad.

Es muy sencillo: si contra ellos -los ex Presidentes- existen pruebas, se deben enjuiciar, si no cuentan con pruebas, obviamente NO SE puede ni se DEBE proceder.

La opinión de la gente carece de fundamento jurídico, pues los juicios no se llevan ante la opinión pública, ni se basan en sondeos.

Puede ser que los dimes y diretes hagan mucho ruido afuera del juzgado, pero adentro ni se escuchan ni se atienden. (Ello a menos que haya consigna y el juez atienda órdenes extrajudiciales). SÓLO LAS PRUEBAS cuentan, de manera que lo propuesto por el hermano de Pío López no puede tomarse en serio, pues no forma parte de lo que se llama "debido proceso".

Obviamente, no se puede negar, en cambio, que sí sirve para enredar la pita, armar sainete, distraer la atención y, finalmente, amedrentar a los rivales políticos de los otros partidos -sobre todo el PAN- con el petate del muerto de someterlos a "juicio popular".

Créannos, amigos lectores, que nos vale la mitad de un cacahuate si procesan o no a Peña, Salinas, Calderón o al que sea.

No los defendemos a ellos per se, defendemos la institucionalidad de los procedimientos, llamémosle la SERIEDAD de la conducta asumida por nuestros gobernantes. Los cuales parecen más interesados en armar un SHOW que en hacer justicia realmente, por ello recurren a instancias y procedimientos...

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