Luis Manuel Garza / Transportistas y 'tapados'
| Autor | Luis Manuel Garza |
El paro efectuado por los transportistas, quienes se duelen del IETU, del alto costo del diesel y de las cuotas de peaje, así como de la mala calidad e inseguridad de las carreteras, tuvo presencia al menos en 14 estados de la República y tres puntos clave del Distrito Federal.
Sin embargo, la única entidad del País que podrá jactarse de tener tipificada como delictiva dicha conducta en su Código Penal es Nuevo León.
No me culpen por señalarlo, pues nada tuve que ver en el cúmulo de iniciativas que se presentaron en el Congreso del Estado para reformar la ley penal y tipificar como delito la obstrucción, total o parcial, de vías públicas. Tampoco influí en el resultado, poco afortunado por cierto, de que el Congreso de Nuevo León tenga la primicia nacional en tipificar como delictivas ciertas conductas que son materia de reglamentos municipales o leyes federales tratándose de carreteras.
Recordemos que, con motivo de los bloqueos realizados por los "tapados" en varias calles de Monterrey durante febrero pasado, la clase política se dio a la tarea de presentar iniciativas de reformas al Código Penal para tipificar como delito esa conducta.
Los diputados, prestos a obedecer a sus jefes de facto sin escuchar a los ciudadanos, presurosamente emitieron un decreto en el cual crearon un precepto legal que a la letra dice: "Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien, en forma violenta, mediante actos de protesta o manifestación, ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores".
Para no llevarse de encuentro a políticos en campaña, matachines ni acabar con los desfiles, aclararon que "no será delito el que las personas se manifiesten ordenada y pacíficamente realizando marchas, cuando por cualquier motivo circulen por la vía pública".
Pero se olvidaron de nuestros amigos los transportistas, quienes hoy pelean por algo que nos atañe a todos, a quienes ubicaron en una situación de riesgo, puesto que sus protestas no son marchando sino bloqueando parcialmente una vía pública, y por lo tanto no se ven beneficiados con la excepción a la regla general.
Además, con la desafortunada reforma, los legisladores locales generarán problemas potenciales para la Procuraduría de Justicia Estatal, a la cual le incrementarán la carga de trabajo con cuestiones cuya competencia es de los municipios o la Federación.
Porque el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Monterrey...
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