Mantienen sanciones contra los particulares

AutorClaudia Guerrero

La nueva Ley de Responsabilidades avalada por el Congreso contempla un paquete de mecanismos y disposiciones para castigar los actos de corrupción cometidos por personas físicas y morales en complicidad con funcionarios públicos.

Pese a que el Senado podría eliminar la obligación para que particulares presenten declaraciones patrimoniales y de intereses, la legislación mantiene disposiciones para castigar el soborno, la participación ilícita en procedimientos, el tráfico de influencias, el uso de información falsa, la colusión y el uso indebido de recursos públicos.

Además, en el Artículo 44 se establece que los privados que firmen contratos con el Gobierno deberán manifestar los vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad.

Los castigos contra particulares pueden ir desde sanciones económicas equivalentes a dos tantos de los beneficios obtenidos o de 100 a 140 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Los empresarios también pueden ser inhabilitados de manera temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos...

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