LA MANO VISIBLE / Estado y reguladores
| Autor | Alejandro Faya |
Los primeros órganos reguladores o agencias "semiautónomas" cobraron vida en el País como consecuencia de la segunda fase del proceso de apertura económica (la primera enfocada a facilitar los flujos de comercio), marcada principalmente por la reconversión del Estado a un rol más de regulador que de agente económico, lo que exigía muchas privatizaciones, así como una reingeniería jurídica a fondo. Las privatizaciones más relevantes ocurrieron entre 1989 y 1995, periodo en el que se transfirieron a particulares empresas con fuerte poder de mercado y rentabilidad en las ramas de siderurgia, banca, aviación, minería, ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos. Casi todas las leyes que regulan la actividad económica fueron emitidas justamente en la primera mitad de la década de 1990, por supuesto sin considerar las leyes recién promulgadas en materia de competencia, telecomunicaciones, radiodifusión y energía.
Entre otras cosas, el empoderamiento de la iniciativa privada requería una autoridad de competencia que velara por la eficiencia e integridad en los mercados, siendo entonces cuando nació la Comisión Federal de Competencia en 1993. Además, la ocupación de espacios antes reservados al Estado exigía la presencia de reguladores sectoriales que garantizaran que ciertos monopolios naturales o prestadores de servicios se ajustaran a una serie de parámetros regulatorios y objetivos sociales (nada más nocivo que simplemente pasar de un monopolio público a uno privado). Así nació la Comisión Reguladora de Energía en 1993, la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 1996 y los principales reguladores financieros (la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en 1992, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1994 y la Comisión Nacional Bancaria en 1995).
Casi todos los reguladores, aunque en mucho menor grado los financieros, nacieron mal y de malas. Se les asignó un cajón jurídico inadecuado e inconsistente con su naturaleza supuestamente "autónoma" (el de órgano "desconcentrado"), se les dotó de insuficiente poder legal y, no menos trivial, se les otorgó poco personal y escasos recursos económicos para cumplir con sus roles, eso sí, estratégicos y vitales. Conocemos de sobra las consecuencias de esto, y la lección es más clara que el agua: ningún cambio económico importante transita con éxito sin un componente sólido de tipo institucional que imprima coherencia, orden y articulación. Ese factor es el que...
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