LA MANO VISIBLE / Propiedad, precios y contrapesos
| Autor | Alejandro Faya |
El principio de división de poderes, sello de las constituciones y democracias modernas, nació como una reacción al absolutismo. La idea es evitar la concentración de todas las funciones del Estado en una sola persona; por el contrario, esta construcción presupone un reparto armónico de responsabilidades, contrapesos efectivos y una vigilancia recíproca entre distintos poderes ubicados en paridad de rango (los clásicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las nuevas autonomías constitucionales). Como bien decía Montesquieu: "todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo, él va hasta que encuentra límites; para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder".
El próximo Presidente de la República, sea quien sea, deberá vivir y respetar este diseño, indispensable para la buena marcha y maduración -tan urgente y necesaria- de nuestro país. Dentro de cada poder existen también límites importantes. Las funciones del Ejecutivo, como jefe de Estado y de la Administración, son enormes. Pero, no está de más recordarlo, todo programa de Gobierno debe llevarse a cabo en el marco de la ley. De hecho, una de sus más esenciales obligaciones constitucionales es justamente "prever en la esfera administrativa para la exacta observancia de la ley".
En lo orgánico, la Administración pública federal ha dejado de ser un ejército napoleónico caracterizado por acentuadas líneas de jerarquía y, en este sentido, existen integrantes dotados de autonomía técnica y operativa para ejercer sus atribuciones, como sería el caso de algunos órganos desconcentrados, descentralizados o de los órganos reguladores coordinados en materia energética, es decir, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (por cierto, es esta última, y no el titular del Ejecutivo, la que otorga contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, a través de licitación pública, y quien podría revocarlos por las causales que marca la ley).
Por otra parte, la ley regula de manera estricta dos instrumentos de gobierno legítimos y reconocidos en prácticamente todos los sistemas jurídicos del mundo, pero cuyo mal uso puede provocar graves distorsiones y daños irreparables en la economía. El primero de ellos es la expropiación. El Ejecutivo, tanto a nivel federal como local, tiene la potestad de expropiar cualquier bien por causa pública definida y siempre y cuando medie indemnización...
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